Europa sigue siendo punta de lanza en sostenibilidad. Hasta tal extremo que Bank of America pronostica que este mismo verano ya el 50% de los activos en fondos de inversión europeos estarán catalogados bajo los artículos 8 y 9 del reglamento sostenible de la UE.

Es lo que se conoce como el sello sostenible dentro del viejo continente: el Reglamento de Divulgación en materia de Finanzas Sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés). Los distintos artículos miden el nivel de implicación de los fondos con respecto a los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG).

Básicamente, el artículo 8 quiere decir que, a pesar de no contar con un objetivo sostenible específico o definido, el fondo en cuestión sí busca promover las llamadas características ASG. Por su parte, el artículo 9 es más ambicioso y refleja todos aquellos productos de inversión que cuentan con un claro objetivo de sostenibilidad que deberán reflejar, así como la forma en la que se está buscando conseguirlo.

Por el contrario, el artículo 6 se refiere a los productos de inversión no sostenibles.

El continente europeo, que todavía tiene que encajar la decisión de considerar como de transición la inversión en energía nuclear y el gas natural al enmarcarse estas en la taxonomía verde europea, también está pendiente de otros frentes. El BCE está realizando pruebas de estrés para evaluar la preparación de los bancos para gestionar los riesgos climáticos, cuyos resultados se publicarán en julio de 2022, al tiempo que los colegisladores de la UE están deliberando sobre el estándar de bonos verdes, que se espera que sea adoptado para el tercer trimestre del año.

1 de cada 3 dólares es ASG

Aunque el empuje de los fondos sostenibles proviene, sobre todo, desde dentro de las fronteras europeas, lo cierto es que a nivel global también se deja notar su avance. En 2021, se lanzaron unos 760 nuevos fondos de acciones con enfoque sostenible en todo el mundo y representaron uno de cada tres dólares de las entradas de dinero a los fondos globales de bolsa, según BofA.

Tanto es así que siete de cada diez selectores internacionales de fondos indican que los criterios ASG resultan "fundamentales" para "invertir de forma inteligente", mientras que un 76% de estos profesionales financieros afirma que sus entidades ya están invirtiendo activamente en este campo, conforme a una encuesta realizada por Natixis Investment Managers entre más de 435 analistas: 'Fund Selector Outlook, Fund selectors look past Covid to bigger risks in 2022'.

Más de la mitad (54%) de los encuestados cree que el deseo de influir en las cuestiones sociales y ambientales está impulsando la demanda de inversiones ASG, mientras que más de seis de cada diez (63%) cree, incluso, que estas inversiones pueden generar alfa. Esto es, un exceso de rentabilidad frente a los índices de referencia en las acciones o los bonos.

"Destaca la atención puesta en las inversiones de impacto que, con el esperado desembolso de los fondos Next Generation EU, están generando grandes expectativas sobre los sectores expuestos a la transición sostenible y la digitalización de la economía", en palabras de Sophie del Campo, directora general de Natixis IM para Iberia, Latam y US Offshore.

Riesgo de desinversión

Otro informe de EY ratifica esta imparable tendencia. Tres de cada cuatro inversores institucionales están dispuestos a desinvertir en empresas con malos resultados en materia ASG mientras urgen a mejorar la calidad de la información aportada por las compañías, según se desprende de la sexta edición del ‘Global Institutional Investors Survey 2021’ de la consultora, en la que han participado 320 inversores institucionales procedentes de 19 países.

"La pandemia ha sido un catalizador para integrar aún más las variables medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en la toma de decisiones de los inversores y en la estrategia de las empresas. Sin embargo, sigue existiendo preocupación por la transparencia y la calidad de la información corporativa. Por ello es necesario y urgente la concreción de un entorno regulatorio más claro, con estándares globales consistentes que puedan seguir tanto inversores como empresas", considera Alberto Castilla, socio responsable de Sostenibilidad de EY.