El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el proyecto de ley que contiene la primera fase de la reforma de las pensiones. El anteproyecto ya fue aprobado el pasado 6 de julio y ahora se aprueba la Ley para enviarla cuando antes al Congreso de los Diputados e iniciar su trámite parlamentario.

Esta es la primera etapa de la reforma de pensiones que el Gobierno ha comprometido con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el Gobierno ya ha avanzado su intención de ampliarla con más medidas durante su tramitación parlamentaria.

Estas medidas fueron acordadas con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme a partir de las recomendaciones del Pacto de Toledo, hace un par de meses.

No obstante, queda pendiente definir el nuevo factor de equidad intergeneracional, para el cual Gobierno y agentes sociales se han dado de plazo para negociarlo hasta el 15 de noviembre. Este nuevo mecanismo, que operará a partir de 2027, se incluirá en el proyecto de ley a través de una enmienda de los grupos que respaldan al Ejecutivo.

La primera fase de la reforma del sistema de las pensiones tiene, principalmente, cuatro pilares. Por un lado, incluye la revalorización de estas prestaciones de acuerdo con el IPC, lo cual provocará un incremento inmediato del gasto público de más de 5.000 millones. 

Edad de jubilación efectiva

La reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 indicaba que el índice de revalorización de las pensiones (IRP) limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit.

El segundo pilar está en las medidas que incluye el texto para acercar la edad de jubilación efectiva a la legal (que en 2027 estará en los 67 años). Para ello, se incentivan fórmulas para alargar la edad de jubilación o combinar el retiro con determinados niveles de actividad, así como un nuevo modelo de penalizaciones para la jubilación anticipada y suspender la jubilación obligatoria.

Entre las medidas dirigidas a retrasar la edad de jubilación, se establece que en el caso de la jubilación anticipada voluntaria los coeficientes reductores de la pensión pasen a ser mensuales, no trimestrales, y solamente haya períodos transitorios de aplicación de los mismos en el caso de las pensiones máximas.

Los nuevos coeficientes reductores incluidos en esta reforma se aplicarán sobre la cuantía de la pensión, y siempre respetando la limitación máxima. Cuando la pensión supere el límite establecido para el importe de las pensiones, los coeficientes reductores se aplicarán de manera gradual, en un plazo de diez años, a contar desde el 1 de enero de 2024.

El tercero son unas transferencias anuales del Estado a la Seguridad Social, a cuenta de gastos impropios, por valor de 22.000 millones de euros. Y el cuarto la supresión del Factor de Sostenibilidad, que supone la derogación de la reforma de las pensiones de Mariano Rajoy de 2013. 

Trámite parlamentario

En sustitución, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha anticipado un mecanismo de equidad intergeneracional que, todo parece indicar, tendrá impacto en los 'baby boomers': ya sea rebajando sus prestaciones o aumentando las edades de retiro.

Con todo, el proyecto de ley tiene que iniciar ahora su ruta legislativa en el Congreso y en el Senado. Si bien se ha logrado un acuerdo con patronal y sindicatos, ahora el Gobierno tiene que lograr el respaldo de los grupos políticos. 

La reforma de las pensiones es una de las que dependen los fondos europeos que España recibirá de Bruselas en 2022. De aprobar la reforma de las pensiones y de lograr un acuerdo en el Diálogo Social, es decir, con patronal y sindicatos, dependen unos 11.000 millones el próximo año.