Tras cinco días de incertidumbre, se confirma que los planes de pensiones de empleo incrementarán su límite máximo de 8.000 a 8.500 euros (500 euros más) para la aportación anual a desgravar en el IRPF. Además, el Gobierno exhorta a las empresas para que aporten más dinero a las pensiones de sus trabajadores, reconfigurando los tramos de aportación, un nuevo planteamiento vislumbrado en los Presupuestos Generales del Estado de 2022.
En un primer momento, patronales, consultoras y expertos del sector financiero interpretaron que lo que intentaba el Gobierno de Pedro Sánchez era subir la aportación máxima anual para los planes de pensiones de empleo a 10.500 euros. Pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, han dado luz al asunto en la presentación oficial del Proyecto de los PGE de 2022.
Esto no será así, pero lo que sigue siendo inamovible es el golpe cuasi definitivo que el Gobierno ha asestado a los planes de pensiones individuales, cuya aportación máxima a desgravar sí que bajaría de 2.000 a 1.500 euros. Este año ya se había reducido desde los 8.000 euros hasta los 2.000 actuales.
De hecho, Inverco, Unespa y la Confederación Española de Mutualidades (CEM) han reaccionado respecto a este último punto con un comunicado conjunto en el que abogan por aumentar el límite fiscal de ahorro individual para la jubilación. Según prevén estas asociaciones empresariales, las aportaciones a sistemas individuales se van a reducir un 40% en 2021, mientras que la reducción del importe deducible perjudicará a 1,2 millones de trabajadores.
Que las empresas arrimen el hombro
Tal y como está redactado hoy día el artículo 52 de la Ley del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, el límite de reducción se incrementará en 8.000 euros, siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales. Con el nuevo planteamiento del Gobierno, será de 8.500 euros, con una importante novedad: el matching.
El límite de esas contribuciones empresariales a planes de pensiones a los trabajadores y en los sistemas de aportaciones compartidas a planes de empleo, o matching, se incluye que el límite de 8.500 euros se pueda aplicar no solo a estas contribuciones empresariales, sino también a las aportaciones que realice a ese plan de empresa el trabajador, si bien la “aportación del trabajador no podrá superar a la que aporte la empresa”.
Poniendo negro sobre blanco, he aquí un primer ejemplo. La empresa podría aportar 8.500 euros al plan de pensiones de su plantilla y el trabajador en cuestión poner los otros 1.500 en su plan individual hasta alcanzar los 10.000 euros en conjunto.
José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la sala de prensa de Moncloa.
Segundo ejemplo: empresa y empleado podrían poner 4.250 euros cada uno, hasta los 8.500 euros tope en el plan empresarial, y el trabajador luego otros 1.500 euros adicionales en su plan individual -como en el supuesto anterior- hasta los 10.000 finales del conjunto.
Sea como sea, el plan de empleo ya no admitiría más de 8.500 euros a partir de 2022.
En todo caso, "es absurdo, arbitrario y no es la manera de defender la extensión de la previsión social complementaria entre los trabajadores españoles", critica un importante consultor financiero que prefiere mantenerse en el anonimato.
¿Sin beneficios fiscales en los privados?
Pero no todo queda ahí. Además del citado enredo, se ha abierto la puerta a que los planes de pensiones individuales, los netamente privados, se queden en un futuro próximo sin ningún tipo de beneficio fiscal. Montero ha abogado por ir disminuyendo “de forma paulatina” la aportación máxima a planes de pensiones individuales con derecho a deducción en el IRPF y ha dejado en manos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por José Luis Escrivá, la cuestión de si se debe apostar por su completa eliminación, tal y como recoge Europa Press.
"Hay un sentir global de que, de forma paulatina, hay que, al menos, ir disminuyendo esa aportación. Pero ya la pregunta de si su destino último es la eliminación, es mejor que se haga al ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que es el que está trabajando sobre ello", señaló la ministra durante la presentación de los PGE para 2022 en el Congreso de los Diputados, ‘pasándole la pelota’ a Escrivá, que ahora tendrá que pronunciarse.