De Madrid a Bruselas con escala en Bilbao. El Gobierno ha tomado como modelo para sus nuevos planes de pensiones de empleo de promoción pública la experiencia “de éxito” de las EPSV vascas. El porcentaje de asalariados del País Vasco cubiertos por EPSV asciende hoy día al 48%, frente a un 10,2% de personas cubiertas con planes empresariales en el resto de España.

Las entidades de previsión social voluntaria (EPSV) son el homólogo vasco de los planes de pensiones individuales y de empleo en el resto del país, aunque tienen condiciones fiscales más ventajosas.

Tal y como reconocen fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, “el de las EPSV es un modelo muy inspirador para nosotros, es la fórmula más exitosa” que han estudiado para fomentar la previsión social complementaria. Los niveles de adopción de planes colectivos en el País Vasco están en línea con la media europea, y como España quiere situarse en el promedio de sus vecinos continentales, ha mirado a la región más avanzada del país en este terreno.

Esta cota debería alcanzarse en el medio y largo plazo, “en una década o más de una década”.

Estas fuentes especifican que los nuevos planes de pensiones de empleo de promoción pública no tendrán ningún tipo de incidencia en el País Vasco. En todo caso, “los ciudadanos de esa comunidad autónoma podrán decidir si optan por el modelo EPSV o por el nuevo modelo que será de aplicación en todo el país a la hora de conformar su ahorro previsional complementario de empresa”.

Novedades con respecto al borrador

En el Anteproyecto de Ley Reguladora para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, empujado por el ministerio que dirige José Luis Escrivá, se han introducido algunas novedades con respecto al borrador que se deslizó hace unas semanas. “La acogida ha sido razonablemente positiva”, indican estas fuentes, pero se han reorientado algunos puntos concretos tras haber consultado a los sectores afectados e involucrados.

En primer lugar, la Comisión Promotora y de Seguimiento, la primera de las dos comisiones que nacen al calor de este proyecto (la otra es la Comisión de Control Especial), ya no tendrá derecho de veto sobre las políticas de inversión, como se pretendía en un principio.

Esta comisión de vigilancia iba a estar conformada solo por funcionarios de la Seguridad Social, y ahora se plantea que esté formada por nueve miembros, funcionarios de carrera, cinco de ellos procedentes de la Seguridad Social y los otros cuatro de Trabajo, Economía, Hacienda y Transición Ecológica.

No obstante, “la implicación pública supondrá una orientación de la política de inversión de estos planes, con más énfasis en las inversiones sostenibles”, recuerdan las fuentes del ministerio.

Por otro lado, la plataforma digital común será desarrollada por la Administración Pública en colaboración con las gestoras de pensiones y el sector privado. Esta plataforma “simplificará los trámites, otorgará más transparencia al sistema, dará acceso a los partícipes a la información del plan y facilitará la portabilidad entre planes de pensiones”.

Ante las críticas recibidas desde las patronales y algunas entidades financieras por el hecho de que únicamente las gestoras con más de 1.000 millones de euros y los bancos depositarios con más de 10.000 millones en fondos de pensiones podrán optar a los nuevos planes de pensiones de empleo de promoción pública, desde el ministerio de Escrivá esgrimen que “el 90% del patrimonio que hay en los planes colectivos actuales podría gestionar con estos mínimos de acceso”, en referencia a las gestoras y bancos custodios que estructuran el sistema en estos momentos.

Con todo, los mínimos se tratarán por la vía del reglamento y no por ley, por lo que podría haber algún cambio de última hora para contentar a las firmas más pequeñas.

“Confiamos en que tanto patronal como sindicatos al final se sientan razonablemente cómodos”, una vez se defina en diciembre el último texto del anteproyecto. El primer concurso de gestoras y bancos depositarios no tiene fecha prevista, si bien estas fuentes anticipan que podría ser “cuestión de meses” desde que la reforma se apruebe, cuya fecha límite es junio de 2022 para cumplir con el objetivo del plan de recuperación remitido a la Unión Europea.