En el redactado anterior, se pretendía limitar los costes de gestión de los nuevos planes de empleo de promoción pública por debajo del 0,30% de los activos gestionados. En el nuevo texto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, se dice lo siguiente: “Los planes de pensiones de empleo deben proporcionar a los partícipes el máximo valor de la gestión a los costes más eficientes posibles, dentro de los máximos normativamente establecidos para ello. Esta gestión debe poner su foco también en la transparencia de la información a los partícipes”.

No obstante, incide en que “no excederá del máximo que se fije reglamentariamente”, procedimiento legal que se desarrollará con posterioridad.

A tenor de las primeras palabras, algunos de los expertos consultados interpretan que podría llegarse a un punto intermedio y no bajar tanto el precio por gestionar el ahorro privado de los trabajadores o, incluso, quedarse como está, si bien otros se temen que finalmente sí se reducirá pero por la vía del reglamento. En este segundo caso, estaría por ver si el Gobierno se aferra al 0,30%. La disyuntiva es la misma para la comisión de depósito.

Otro aspecto recogido en el nuevo borrador de anteproyecto de Ley de Regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo es que se permite expresamente que los planes simplificados se integren en fondos de promoción privada como los vigentes, si así lo eligen.

También que las prestaciones se percibirán en forma de renta, “salvo que, por circunstancias excepcionales, y en los términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan, puedan percibirse en forma de capital”.

Del mismo modo, establece que las gestoras deberán facilitar a los partícipes y beneficiarios de los planes de pensiones, mediante el uso de medios telemáticos, la información legalmente establecida sobre la evolución y situación de sus derechos económicos en el plan, así como sobre otros extremos que pudieran afectarles. Y que, “excepcionalmente, podrá remitirse dicha documentación en papel”.

Más poder a patronal y sindicatos

Otro de los puntos calientes a través de los borradores actualizados sigue siendo la Comisión de Control Especial, que supervisará los nuevos fondos de pensiones empresariales. En una primera instancia, su diseño era de 17 miembros con mayoría gubernamental. De segundas, pasó a tener solo 11 miembros pero con mayoría de patronal y sindicatos.

En el último, se queda en 13 miembros: cuatro de las organizaciones empresariales más representativas, cuatro de las organizaciones sindicales más representativas y cinco designados por el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta nueva concesión de poder a patronal y sindicatos, sin embargo, sigue siendo “más aparente que otra cosa, porque aunque estuvieran sus representantes 100% alineados, no podrían tomar decisiones importantes sin el visto bueno del ministerio, en aplicación del régimen de mayorías previsto”, subraya una fuente de las gestoras.

Aportar más e incentivos fiscales

El último texto propuesto incluye un rediseño de las aportaciones máximas con beneficios fiscales que pueden hacerse a los planes de empleo, para así dar más flexibilidad a los trabajadores. El tope anual seguirá siendo de 8.500 euros, pero la aportación del empleado no tendría que ser igual o inferior a la de su empresa, sino que podría aportar más si las contribuciones empresariales se quedan 'cortas'.

Así, si el importe anual de la contribución empresarial es igual o inferior a 500 euros, el trabajador podrá aumentar en 2,5 veces su parte. Para el tramo de 500,01 a 1.000 euros, el coeficiente será de dos veces. Entre 1.000,01 y 1.500 euros, el coeficiente será de 1,5 veces. Y para más de 1.500 euros, la contribución del trabajador será la misma, es decir, un coeficiente de uno.

No obstante, especifica el documento, se aplicará el coeficiente uno “cuando el trabajador obtenga en el ejercicio rendimientos íntegros del trabajo superiores a 60.000 euros procedentes de la empresa que realiza la contribución”.

Otro gesto hacia las empresas es que las incentiva fiscalmente a aportar a los planes de pensiones de sus empleados, de tal forma que una parte quede exenta de pago a la Seguridad Social: “Hasta el importe resultante de multiplicar por nueve la cuota resultante de aplicar a la base mínima diaria de cotización del grupo 8 del Régimen General de la Seguridad Social para contingencias comunes, el tipo general de cotización a cargo de la empresa para la cobertura de las contingencias comunes”.

Los analistas, insatisfechos

Con estas medidas, el Gobierno colma muy pocas de las pretensiones que tienen los analistas financieros. En un evento celebrado la semana pasada, donde la Fundación de Estudios Financieros presentó el estudio ‘Reformas en el tratamiento fiscal del ahorro destinado a previsión social’, los analistas aportaron varias recomendaciones de tipo tributario.

Las principales eran recuperar el nivel nominal de aportaciones desgravables, recuperar los límites incrementados de deducibilidad para contribuyentes mayores de 50 años, no discriminar en contra de los planes individuales, pasar a gravar los rendimientos de los fondos y seguros como rentas del capital, recuperar la deducción en cuota de las aportaciones empresariales a fondos de empleo y recuperar la no sujeción a cotizaciones de Seguridad Social de las aportaciones empresariales a fondos de empleo. Tras varios borradores, algún acercamiento de Escrivá hay, pero insuficiente para tantas demandas.