Los técnicos del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones están aprovechando los diferentes foros sectoriales que se organizan en la capital para deslizar entre bambalinas el formato por el que apuestan Escrivá y el resto del Ejecutivo.

Básicamente, consistiría en 20 fondos de pensiones empresariales promovidos por el Estado repartidos entre diez grandes entidades. Cada una de ellas tendría acceso, de media, a un par de fondos que gestionaría con distinto perfil de riesgo (bajo, medio o alto, según el caso) y ámbito geográfico. En la práctica, algunas gestoras podrían llegar a controlar tres planes y otras solamente uno.

Con todo, lo que maneja el Gobierno es que al menos haya una decena de firmas encargadas de los activos, pero no más, según coinciden varias fuentes financieras.

Una vez conformado ese primer nivel general de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos, y como dice el anteproyecto de Ley, podrán integrarse en estos fondos los planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación que así lo establezcan en sus especificaciones y los planes de pensiones de empleo simplificados. Es decir, que bajo un mismo fondo, elegible a petición propia, podrían adherirse decenas o cientos de planes de los distintos sectores y colectivos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que incluye 538 clases.

Criba de 1.000 millones

Cabe recordar que, conforme al primer borrador del anteproyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, solo las gestoras con más de 1.000 millones de euros en fondos de pensiones y los bancos depositarios con más de 10.000 millones podrían optar a los nuevos vehículos colectivos. Aunque en el último borrador se han excluido estas referencias, dejando su concreción para la reglamentación posterior y el pliego de condiciones.

En la actualidad, hay 19 grupos financieros que cumplen el primer criterio y que podrían pasar la criba como gestores de los fondos, si bien los diez primeros por volumen son CaixaBank, BBVA, Santander, Ibercaja, Mapfre, Renta 4, Fonditel (Telefónica), Banco Sabadell, Santalucía y Caja Rural.

Los otros nueve grupos son Kutxabank, Abanca, Caser, Deutsche/Zurich, Unicaja, Cajamar, Bestinver (Acciona), Nationale Nederlanden y AXA. De esta terna de casi dos decenas de aspirantes saldrían los diez elegidos si no hay ningún cambio de última hora.

Aunque lo cierto es que este planteamiento le ha generado al Gobierno numerosas críticas por parte de las entidades excluidas a priori y de sus patronales.

“Una cosa es que, por práctica de mercado, las pequeñas y medianas gestoras tengan más dificultades para acceder a los grandes mandatos, y otra bien distinta es que se les prohíba competir por ley, máxime cuando el espíritu de esta reforma es promover la competitividad”, alega una fuente de las firmas de inversión sobre la contradicción en la que estarían incurriendo Escrivá y su equipo de colaboradores.

A tiempo para liberar fondos europeos

Atendiendo a estos condicionantes, peligra la participación de gestoras como Mutua Madrileña, Catalana Occidente, Banca March, Generali, Cobas, Seguros El Corte Inglés o Allianz, entre otras.

Como ha podido comprobar EL ESPAÑOL-Invertia, este esquema de 20 fondos para diez gestoras no está redactado en ninguno de los borradores actualizados del anteproyecto de Ley.

En su última versión, como publicó este periódico, el Gobierno lanzaba un salvavidas a banca y aseguradoras abriendo la puerta a frenar su ‘hachazo’ a las comisiones de los planes de pensiones, al tiempo que daba más poder a patronal y sindicatos en la Comisión de Control Especial, flexibilizaba la fórmula para que el trabajador aporte más que su empleador e incentivaba fiscalmente a las empresas.

Todo con el objetivo de acelerar para tener la reforma de las pensiones privadas a tiempo y cumplir así con la Unión Europea, que tiene que liberar el siguiente tramo de ayudas de los fondos europeos para la recuperación económica, los famosos Next Generation EU.