La plataforma digital común de los fondos públicos de pensiones podrá financiarse con los Next Generation EU

La plataforma digital común que servirá de infraestructura básica para los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública y los planes de empleo simplificados será diseñada en colaboración de la Administración pública y las entidades privadas y, lo más importante, podrá ser financiada con los fondos para la recuperación Next Generation EU.

“Por definición, al tratarse de una reforma con carácter de digitalización, sería bastante factible que la plataforma sea total o parcialmente financiada por los fondos europeos”, afirman fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Cabe recordar que la digitalización, junto a la transición ecológica, son los dos pilares sobre los que se sustenta el reparto de los fondos europeos a los Estados miembros de la UE.

Esta afirmación llega después de que hoy el Gobierno, en Consejo de Ministros, haya dado luz verde a mandar al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo.

La gran novedad es que, a petición de las asociaciones empresariales y entidades financieras, se reintroduce la medida que existía hasta 2013 de exoneración de las cuotas a la Seguridad Social de las aportaciones empresariales al fondo. Aunque ahora con un límite máximo de 115 euros al mes por empleado o 1.380 euros al año. Según el departamento que dirige José Luis Escrivá, “esto favorece que se desarrollen los planes colectivos, especialmente para las rentas medias y bajas”.

Fuentes del ministerio dejan la puerta abierta a que, “seguramente, haya margen para introducir más beneficios fiscales”, y confían en que “la reforma laboral y la estabilidad y mejora del mercado de trabajo van a hacer que la negociación colectiva madure y que estos vehículos de ahorro previsional complementario a la pensión pública tengan sentido”.

Comisiones y mínimos, a reglamento

En el caso de la comisión máxima de gestión, el Gobierno sigue teniendo en mente el tope del 0,3% sobre los activos gestionados, aunque ha emplazado a la reglamentación posterior y a los pliegos de condiciones para su concreción.

Misma vía que seguirán las umbrales mínimos de patrimonio que tendrían que tener gestoras y bancos depositarios (1.000 millones de euros y 10.000 millones en fondos de pensiones, respectivamente) para optar a estos vehículos, aunque en su caso el ministerio estaría abierto a una revisión de la cantidad exigida para poder concursar.