Glovo sigue esquivando la contratación de sus repartidores a punto de cumplirse dos meses de la promulgación de la polémica Ley Rider que obliga a todas las plataformas a tener a todos sus empleados bajo un contrato por cuenta ajena.

Siete semanas después, el principal actor del sector -que emplea a cerca de 8.000 riders- está utilizando todo tipo de fórmulas para mantener un modelo de contratación que prohíbe la nueva normativa impulsada por el Ministerio de Trabajo y que ha sido tumbado por el Tribunal Supremo.

Las fuentes del sector consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia indican que en Glovo son plenamente conscientes del pulso que se está echando al Gobierno y que incluso están preparando a sus equipos legales para una nueva batalla judicial si es que la nueva Ley Rider termina en los tribunales.

"Ellos saben que todo esto terminará en los juzgados y juegan con ello. Si esto se va a los tribunales, tienen dos o tres años hasta que les tumben su nuevo modelo, con lo que ganan tiempo y se ahorran los costes de este periodo", dice un directivo de otra gran plataforma digital de reparto. 

Estamos hablando de las denuncias que ya se produjeron contra las plataformas a partir del año 2017 y que en 2020 recibieron el apoyo del Supremo, que falló en contra de este modelo de contratación de autónomos. Ahora en Glovo se preparan para nuevas denuncias -de los empleados o de la Inspección del Trabajo- y así empezar de nuevo una batalla judicial.

Nuevos modelos

Tras la promulgación de la Ley Rider, Glovo anunció que su idea era contratar solo a una parte de la plantilla de riders que venían trabajando para la plataforma. En concreto, contrataría a 2.000 repartidores, pero mantendrá al 80% de la plantilla como autónomos (8.000 riders), en un modelo 'mejorado' con más garantías laborales.

Este modelo incluye mejoras en el seguro y una nueva manera de coger los pedidos. No obstante, según denuncian los sindicatos, en paralelo ha implantado una serie de modificaciones en su algoritmo para intentar reducir los indicios de laboralidad de su flota y así mantener su actual estatus laboral.

Sin embargo, ante el aluvión de críticas, la compañía está analizando cambios en el modelo, abriendo la puerta a incluir otro tipo de relación con sus repartidores. En este caso, las informaciones que circulan en el sector indican que estarían intentando migrar precisamente hacia el modelo de ETT.

En este modelo se utiliza a los trabajadores contratados por otras empresas de reparto, cumpliendo la norma básica del Gobierno, pero sin llegar a tener a los repartidores en su plantilla. En cualquier caso, fuentes consultadas por este diario indican que, a día de hoy, Glovo no ha contratado a nadie bajo el modelo exigido.

Una situación al margen de la legislación, según ha indicado el propio Ministerio de Trabajo. De hecho, cuando las plataformas digitales comenzaron a deslizar sus intenciones de recurrir a subcontratas para burlar la Ley Rider, desde el Ministerio de Trabajo advirtieron de que esta ‘argucia’ no funcionaría.

Impugnación de las altas

Se encuentra dentro de las posibilidades que la legislación excluye, puesto que el reparto seguiría estando controlado por las propias plataformas y no sería permitida por el departamento.

En esta línea y según ha informado Crónica Global, la plataforma de reparto a domicilio ha empezado a impugnar las primeras altas de sus trabajadores en la Seguridad Social tras la entrada en vigor de la nueva normativa.

La compañía ha advertido que recurrirá estas contrataciones para anular su validez. "Queremos informarte de que no estamos de acuerdo con dichas altas, por lo que las impugnaremos", ha comunicado directamente a algunos de los afectados.

Por otro lado, los cálculos hechos para Invertia por abogados laboralistas cifran que el impacto total para Glovo de la nueva normativa será de al menos 85 millones de euros al año, solo en cotizaciones sociales. Estamos hablando de un coste desconocido para todas estas plataformas puesto que los riders, como autónomos, abonaban sus propias cuotas a la Seguridad Social. 

Estos 85 millones se calculan tomando en cuenta los 8.000 riders que trabajan actualmente en Glovo, según reconocen todas las asociaciones del sector. Si se tuviesen que contratar a todos -como obliga el Ministerio de Trabajo-, serían no menos de 8.000 nuevas altas a la Seguridad Social. Y mientras no se contraten a los trabajadores, este gasto no se comienza a realizar.

Costes laborales

El coste medio de la Seguridad Social suele rondar el 30% del salario bruto. En el caso de los riders y por las experiencias de laboralidad que se conocen, serían contratados en su gran mayoría con el salario mínimo interprofesional (SMI), por lo que el coste en cotizaciones sería de unos 285 euros al mes en el caso de una jornada completa.

En este caso, por cada rider contratado, Glovo tendría que pagar 3.990 euros al año a la Seguridad Social, que si se multiplica por 25.000 nuevos contratados, daría lugar a 85 millones de euros anuales de costes adicionales.