Las empresas de torres que quieran acceder a las ayudas del Gobierno para desplegar redes 5G en zonas rurales de España deberán contar con el compromiso firmado de al menos un operador de telecomunicaciones que esté dispuesto a utilizar estas infraestructuras para ofrecer sus servicios de telefonía durante un periodo de como mínimo siete años. 

Así lo recogen las bases de la primera convocatoria de ayudas para impulsar el despliegue de la tecnología 5G en España financiadas con los fondos de recuperación Next Generation. Un programa denominado 'Unico 5G-Redes' al que el Gobierno ha asignado un presupuesto de 150 millones de euros.

Esta primera convocatoria está destinada a financiar el desarrollo de las consideradas infraestructuras pasivas (torres, mástiles, suministros, infraestructura backhaul…) que son susceptibles de alojar el equipamiento activo de la red 5G, como son las antenas y los equipos que permiten la emisión y recepción de las señales de telefonía.

La decisión de financiar solo lo parte pasiva de la red, ya que hoy por hoy España no cuenta todavía con el permiso oficial de Bruselas para destinar ayudas a la parte activa, conllevaba el riesgo de que se construyeran torres y mástiles que acabaran siendo infraestructuras sin ninguna utilidad repartidas por la España Vaciada.

Para evitar este escenario, el Gobierno ha decidido exigir a los beneficiarios de las ayudas que acompañen su solicitud con el compromiso escrito de que al menos un operador de telecomunicaciones utilizará las infraestructuras 5G que se desplieguen con los fondos europeos. 

"Los solicitantes de las ayudas deberán aportar el compromiso de uno o varios operadores de servicios de comunicaciones electrónicas que dispongan de frecuencias en las bandas armonizadas en la Unión Europea (UE)", recogen las bases del programa, que incluyen además entre sus anexos el documento a firmar por la empresa de torres y la operadora. 

A este respecto además, el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) añade que la utilización de dicha infraestructura por parte del operador debe comenzar en un plazo máximo de doce meses tras la finalización de la ejecución del proyecto. Además, su uso se debe prorrogar como mínimo durante siete años, ya que ese es el período establecido por la convocatoria durante el cual el adjudicatario de la ayuda está obligado a explotar la infraestructura.

Empresas de torres y clientes

El mercado español de las infraestructuras de telecomunicaciones ha sufrido importantes cambios en los últimos años. Las operadoras han vendido o escindido en empresas independientes sus activos de torres y firmas como Cellnex, que no dependen de ninguna compañía telefónica tradicional, han ido ganando cada vez más peso en el mercado. 

De esta manera, en España existen actualmente cuatro empresas de infraestructuras y todas ellas con una cuota de mercado no muy diferente (entre 8.000 y 11.000 torres): Cellnex, American Tower (surgida tras las compra de las torres de Telefónica en enero de 2021), Totem (filial de Orange) y Vantage Towers (filial de Vodafone).

Y cuatro son también los operadores que disponen de frecuencias en las bandas identificadas por Bruselas como claves para el despliegue del 5G. En concreto, Telefónica, Orange y Vodafone tienen espectro en las bandas de 3,5 GHz y 700 MHz, mientras que MásMóvil solo tiene en la primera de estas dos.

A este respecto, las bases de las ayudas también imponen como condición que los operadores que presten servicios utilizando la infraestructura pasiva objeto de la ayuda deberán comprometerse por escrito a no utilizarla para dar cobertura en aquellas zonas en las que ya están obligados a cambio de hacerse con las frecuencias de espectro. 

Actualización de emplazamientos

Con estas condiciones, queda por ver si las empresas encargadas del despliegue de infraestructuras pasivas logran arrancar a los operadores ese compromiso de cobertura que necesitan para poder acceder a las ayudas y permitir así que la convocatoria tenga la máxima aceptación posible. 

Un elemento que puede facilitar estos acuerdos es que las bases del programa permiten utilizar las ayudas tanto al desarrollo de nuevos emplazamientos 5G por todo el territorio nacional como para actualizar los ya existentes en aquellas partes del país que tengan un nivel de cobertura que no se considere "adecuado".

En concreto, deben ser zonas geográficas en las que se ha identificado que no existe en la actualidad, y no está previsto que se proporcione en los próximos años, cobertura de las redes de comunicaciones móviles 4G que proporcionen al menos 10 Mbps en sentido descendente y 3 Mbps en sentido ascendente.

Los operadores que utilicen las infraestructuras desplegadas con estas ayudas deberán ofrecer un servicio de 5G que tenga como mínimo una velocidad 30 Mbps para el enlace descendente y de 10 Mbps para el enlace ascendente, así como una latencia máxima de 100 milisegundos (ms).

Ayudas 5G

La primera convocatoria del programa lanzado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital cuenta con un presupuesto de 150 millones de euros y está destinada a impulsar el despliegue en carreteras y ferrocarriles nacionales y transfronterizos y zonas rurales de España.

Para la concesión de las ayudas, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ha identificado cuatro zonas geográficas, a cada una de las cuales le ha asignado un presupuesto. En concreta la Zona 1 incluye Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, y Castilla y León y tendrá un presupuesto de 52,9 millones de euros.

Por su parte, la Zona 2 engloba Aragón, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y está dotada con 33,0 millones de euros. Para la Zona 3 (Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias) se han asignado 30 millones de euros y para la Zona 4 (Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Islas Baleares, Ciudad Autónoma de Ceuta y Ciudad Autónoma de Melilla) 34,5 millones de euro. 

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, con una intensidad máxima del 95% respecto a la inversión subvencionable y con un objetivo de cobertura del 10% de las zonas elegibles tanto en cuanto a zonas construcciones como en tramos de carretera.