La Comisión Europea ha autorizado este lunes a España a destinar 500 millones de euros de fondos comunitarios Next Generation para apoyar el despliegue de infraestructuras de retorno de banda ancha en zonas rurales. Bruselas ha llegado a la conclusión de que este plan de ayudas es necesario y proporcionado para subsanar las deficiencias del mercado y cuenta con salvaguardias para minimizar posibles distorsiones de competencia.

El régimen español "ayudará a los consumidores y las empresas de las zonas rurales a acceder a servicios móviles de alta calidad, lo que contribuirá al crecimiento económico de España y a la consecución de los objetivos estratégicos de la UE en relación con la transición digital", ha dicho en un comunicado la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

El plan en cuestión consiste en subvenciones directas a los proveedores de telecomunicaciones electrónicas y a las empresas de infraestructuras. Los beneficiarios se escogerán mediante un procedimiento de selección abierto, competitivo, transparente y no discriminatorio. La ayuda total por beneficiario no podrá superar el 90% de los costes subvencionables.

La medida financiará el despliegue de redes de retorno de banda ancha de fibra para conectar determinadas estaciones de base situadas en municipios de menos de 10.000 habitantes. 

El plan, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, tiene por objeto "garantizar una amplia disponibilidad de redes móviles de alto rendimiento, capaces de prestar a los usuarios finales servicios de acceso a unas comunicaciones electrónicas de alta calidad y fiables que satisfagan sus necesidades actuales y futuras".

La Comisión considera que este régimen de subvenciones es "necesario y proporcionado para subsanar las deficiencias del mercado, a saber, la falta de conexiones de retorno actuales o planeadas en las zonas previstas, que suelen ser regiones remotas y escasamente pobladas de España". La existencia de una deficiencia del mercado se ha evaluado mediante una cartografía de la infraestructura de banda ancha actualmente disponible y prevista, así como por medio de una consulta pública llevada a cabo por las autoridades españolas.

A juicio de Bruselas, el plan de ayudas "tiene un efecto incentivador, ya que facilita el despliegue de redes de retorno de alto rendimiento que los operadores privados no estarían dispuestos a desplegar debido a los elevados costes". Además, contribuirá a corregir las desigualdades sociales o regionales, especialmente en las zonas rurales.

Finalmente, el Ejecutivo comunitario cree que el régimen español cuenta con salvaguardias suficientes para garantizar que las ayudas no falseen las condiciones de competencia en el mercado. "En particular, todos los beneficiarios del régimen se escogerán mediante un procedimiento de selección abierto, competitivo, transparente y no discriminatorio", afirma Bruselas. 

Además, España también fomentará la reutilización de las infraestructuras existentes. Por último, la medida garantiza un acceso mayorista justo, abierto y no discriminatorio a las redes objeto de las ayudas.