El despliegue de las redes de telecomunicaciones de nueva generación mantiene su velocidad de crucero en España y sigue avanzando en un esfuerzo por cerrar la brecha digital de cobertura en el país. De hecho, a finales de junio de 2022, un 82% de los hogares españoles ya contaba con cobertura de 5G y cerca de un 90% tenía acceso a redes de fibra óptica.
Así lo recoge la última edición del Informe de Cobertura de Banda Ancha en España 2022 elaborado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales con el objetivo de dar a conocer el progreso hacia los objetivos marcados por la Unión Europa en conectividad digital: 5G y un gigabit para toda la población en 2030 y banda ancha para el 100% de los ciudadanos en cualquier parte del territorio en 2025.
En cuanto al 5G, el estudio recoge que un 82,36% de la población española tenía acceso a cobertura de quinta generación móvil mediante las distintas soluciones tecnológicas (New Radio y DDS). Este dato supone más de 23 puntos porcentuales más que el 58,98% registrado en 2021 y está muy por encima del 12,5% de junio de 2020.
En concreto, con la tecnología extremo a extremo en las bandas de frecuencias fijadas como prioritarias para el 5G (New Radio) la cobertura se sitúa ya en 58,12% de la población, frente al 33,51% de hace un año. Se avanza así hacia el objetivo de alcanzar el 75% en 2025 que marca la Agenda España Digital 2026. Por su parte, la cobertura mediante combinación de otras bandas (DSS) alcanzó el 73,82%.
En el caso del 4G, esta tecnología llega ya a casi el 100% de la población, tanto en el ámbito urbano (99,89%) como en el rural (99,53%). En 5G, la cobertura rural agregada conectó a finales de junio de 2022 a la mitad de la población (50,42%), casi duplicando el dato del año precedente.
Fibra óptica
Por otro lado, el informe también detalla el avance en los despliegues de fibra óptica, cuyas redes llegan ya al 89,96% de los hogares con una velocidad igual o superior a 100 Mbps y al 84,9% con un 1 Gbps. En el ámbito rural, el porcentaje de cobertura es del 71,91% y 63,78%, respectivamente.
Según explican fuentes de la Secretaría de Estado estos datos confirman la progresiva reducción de la brecha digital con velocidades de más de 100 Mbps, que ha pasado de los 42 puntos porcentuales en 2018 a los 18 puntos porcentuales en 2022. Con los proyectos actualmente en ejecución, en diciembre de 2024 esta diferencia se reducirá a seis puntos porcentuales.
El gran reto pendiente son las poblaciones de menos de 500 habitantes, donde la cobertura de fibra es inferior al 50%. No obstante, desde el Gobierno prevén lanzar de forma inminente el programa Demanda Rural, adjudicado provisionalmente a Hispasat, que permitirá ofrecer servicios de banda ancha a precios asequibles y de al menos 100 Mbps a través del satélite mientras avanzan los despliegues de fibra.
El informe incorpora además una nueva forma de medir la velocidad de la banda ancha para adaptarse a los criterios fijados desde Europa. Hasta ahora el informe solo tenía en cuenta la velocidad que permite la tecnología instalada, pero desde esta edición se valora también cuál es la que ofrece en condiciones de máxima demanda.
En el caso de España, el informe recoge que el porcentaje registrado en estos momentos de elevado tráfico (85%) es muy similar del dato general, lo que demuestra, según las fuentes de la Secretaría, que los despliegues en España se han hecho con tecnologías "escalables" y con todas las garantías que permiten alcanzar esas velocidades de 1 Gbps en las condiciones más exigentes.
El progreso en el despliegue de las redes de banda ancha en España ha sido posible gracias a la colaboración público privada, especialmente en el caso de las zonas rurales del país. En concreto, desde 2018 el Gobierno ha concedido 899 millones de euros en ayudas públicas, que han movilizado 1.508 millones de euros de inversión para llegar a 4,7 millones de viviendas.
La última convocatoria del Programa UNICO Banda Ancha, que es el encargado de financiar esto despliegues de fibra en zonas rurales, se lanzará en próximas semanas con una dotación que rondará los 250 millones de euros e incluirá los nuevos requisitos fijados por Bruselas para este tipo de ayudas públicas.