La Comisión Europea (CE) ha aprobado este jueves un plan español de 680 millones de euros para el despliegue de equipos e infraestructuras de redes 5G de alto rendimiento en zonas rurales insuficientemente atendidas, dentro del cual se permite la financiación del equipamiento activo de la red, tal y como solicitaba el sector.
El Gobierno de España logra así luz verde al programa UNICO 5G Redes activas, que se financiará íntegramente con cargo a los fondos comunitarios Next Generation. Estas ayudas pondrán emplearse para desplegar las infraestructuras activas de las redes 5G después de que el pasado verano quedara desierta la convocatoria de subvenciones para la infraestructura pasiva por la falta de interés a los operadores.
Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ya adelantó hace unas semanas en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros su intención de iniciar este mes de junio la convocatoria de las ayudas ante el inminente visto bueno de la CE tras varios meses de complicadas negociaciones.
[El Gobierno lanzará en junio las ayudas de 550 millones para el despliegue del 5G en zonas rurales]
Según explican fuentes conocedoras a EL ESPAÑOL-Invertia, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales tiene previsto lanzar en unos días la orden de bases tras la consulta pública realizada a principios de este 2023 con la finalidad de tener avanzado el proceso para cuando llegara la autorización de Bruselas.
Aunque todavía se está ultimando el importe definitivo que tendrá el programa, está previsto que se sitúe en torno a los 550 millones de euros, como adelantó Calviño. El resto del presupuesto hasta los 680 millones de euros autorizados por Bruselas se destinará previsiblemente a futuras nuevas convocatorias.
Objetivos del plan
Según explica la CE en comunicado, el objetivo de este programa es que estas nuevas redes de alto rendimiento sirvan de soporte a servicios innovadores con tecnología 5G en zonas rurales, en ámbitos tales como la salud digital, la agricultura inteligente, la industria digitalizada, la conducción autónoma o los servicios basados en la nube.
El plan financiará la instalación de equipos e infraestructuras para el despliegue de redes autónomas 5G y la prestación de servicios autónomos de banda ancha móvil 5G, con velocidades de carga y descarga de al menos 100 Mbps y 5 Mbps (megabits por segundo), respectivamente. Su ámbito de cobertura son las zonas donde la población es inferior a 10.000 habitantes y no hay inversiones actuales o previstas en redes 4G que ofrezcan velocidades de descarga de al menos 50 Mbps.
En virtud del plan, las ayudas pueden concederse hasta el 31 de diciembre de 2025 y las redes móviles 5G deberán entrar en funcionamiento como muy tarde en febrero de 2026. Las ayudas adoptarán la forma de subvenciones directas a los operadores de comunicaciones electrónicas.
Los beneficiarios se escogerán mediante un procedimiento de selección abierto, competitivo, transparente y no discriminatorio. El importe máximo de la ayuda por beneficiario equivaldrá al 90% de los costes subvencionables.
Fallo de mercado
Bruselas ha llegado a la conclusión de que el plan es necesario y proporcionado para subsanar un fallo de mercado: la ausencia, actual o prevista, de redes de comunicaciones móviles de alto rendimiento en regiones remotas y escasamente pobladas de España. Un fallo de mercado que se ha verificado mediante ejercicios de cartografía y consulta pública llevados a cabo por las autoridades españolas.
El Ejecutivo comunitario cree que el plan tiene además un efecto incentivador, ya que "facilita el despliegue de equipos e infraestructuras que los operadores privados no han desplegado ni van a desplegar, debido principalmente a su elevado coste, que no se compensa con los ingresos previstos".
"También mejorará la disponibilidad de servicios autónomos de tecnología 5G innovadores y eficaces en las zonas a las que se destinan, lo que beneficiará a los consumidores, las empresas y el sector público, y contribuirá así a subsanar las desigualdades sociales o regionales", afirma la Comisión.
Finalmente, el plan cuenta con salvaguardias suficientes para "garantizar que los falseamientos indebidos de la competencia sean limitados y que las ayudas no alteren las condiciones de los intercambios comerciales de forma contraria al interés común". Además del procedimiento de selección de beneficiarios competitivo y abierto, España promoverá la reutilización de las infraestructuras existentes.
"El régimen de ayudas fomenta la competencia al garantizar un acceso mayorista justo, abierto y no discriminatorio a las redes objeto de las subvenciones", señala el Ejecutivo comunitario.