El Ejecutivo comunitario sostiene que la empresa de Elon Musk tampoco respeta las obligaciones que le impone la Ley de Servicios Digitales en materia de transparencia publicitaria y acceso de sus datos públicos a los investigadores. 

El envío de estas conclusiones preliminares no prejuzga el resultado final de la investigación. X tiene ahora la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, accediendo a los documentos que figuran en el expediente y enviando una respuesta escrita a Bruselas.

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Si finalmente se confirman las acusaciones, la Comisión adoptará una decisión de incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales, que podría acarrear multas de hasta el 6% del volumen de negocios anual en todo el mundo de X.

Además, el Ejecutivo comunitario puede imponer medidas correctivas para subsanar los problemas y un periodo de supervisión reforzado para garantizar que se respeten. Finalmente, Bruselas también puede aprobar sanciones acumulativas adicionales hasta que la plataforma cumpla. 

"En el pasado, la 'marca de verificación azul' significaba una fuente de información fiable. Ahora, con X, nuestra opinión preliminar es que se trata de un engaño a los usuarios y que infringe la Ley de Servicios Digitales", ha dicho el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.

En concreto, Bruselas denuncia que X diseña y opera su interfaz para las 'cuentas verificadas' con la 'marca de verificación azul' de una manera que no se corresponde con la práctica de la industria y "engaña a los usuarios".

"Dado que cualquier puede suscribirse para obtener este estatus 'verificado', eso afecta a la capacidad de los usuarios de tomar decisiones libres e informadas sobre la autenticidad de las cuentas y el contenido con el que interactúan. Hay pruebas de actores malintencionados que están abusando de 'cuentas verificadas' para engañar a usuarios", sostiene la Comisión.

En cuanto a la transparencia publicitaria, la compañía de Musk no ha creado un repositorio de publicidad fiable y en el que se puedan hacer búsquedas. En su lugar, ha puesto en marcha características de diseño y barreras de acceso que hacen que el repositorio no sea apto para su propósito de transparencia hacia los usuarios. "En particular, el diseño no permite la supervisión e investigación de los riesgos provocados por la distribución de publicidad online", dice Bruselas.

En tercer lugar, X no permite a los investigadores acceder a sus datos públicos en las condiciones que establece la Ley de Servicios Digitales. En particular, la plataforma prohíbe a los investigadores un acceso independiente a estos datos, con técnicas como el scraping. Además, los investigadores tienen muchos problemas para lograr el permiso de la plataforma y deben pagar tarifas "desproporcionadas".

Al margen de estas acusaciones formales, el Ejecutivo comunitario todavía mantiene abierta otra investigación contra X por no tomar medidas suficientes para frenar la diseminación de contenidos ilegales y combatir la desinformación.