Telefónica da la bienvenida a la comisaria Ribera: pide una nueva política de competencia favorable a la inversión
La operadora apuesta por una reforma del reglamento de concentraciones de la UE, que lleva más de 20 años sin revisarse, y más diálogo entre comisarios.
Teresa Ribera asumirá el próximo mes de noviembre la Vicepresidencia ejecutiva de Competencia y Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea. Y entre la lista de encargos que le ha hecho la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, a la política española se encuentra la de modernizar la política de competencia del Viejo Continente para conseguir que las empresas de la región puedan innovar y competir a escala mundial.
Desde Telefónica han acogido "con satisfacción" este cambio de enfoque que pretende Bruselas, pero se preguntan si los cambios en la política de competencia que plantea Von der Leyen en la 'Carta de Mandato' remitida a su nueva comisaria de Competencia serán suficientes para conseguir los objetivos que, en términos generales, se ha marcado la UE.
En una entrada en su blog corporativo titulada '¿Estará DGCOMP (Dirección General de Competencia de la Comisión Europea) lista para afrontar los nuevos retos de la nueva Comisión?', Telefónica desgrana cuáles son, en su opinión, las directrices que deben guiar la política de competencia de la UE los próximos años y los cambios que se deben llevar a cabo para avanzar hacia un mercado único digital.
"Acogemos con satisfacción este cambio de enfoque de la Comisión y su voluntad de reformar las normas que rigen las decisiones de la UE en materia de control de concentraciones, con la esperanza de que esta revisión cumpla la misión de la nueva comisaria de garantizar que las empresas tengan suficientes incentivos para invertir, innovar y crecer", señalan desde la operadora.
Sin embargo, el texto firmado por Mónica Sánchez Soliva, senior Competition Counsel de Telefónica, también se pregunta si las prioridades que Von der Leyen ha trasladado a Ribera en su carta de mandato serán "suficientes" para realizar este cambio tan profundo que pretende la presidente de la Comisión.
Directrices y Reglamento
En concreto, muestra sus dudas acerca de si una revisión de las Directrices sobre el Control de las Concentraciones Horizontales como propone Von der Leyen será suficiente para conseguir que las decisiones de Competencia sobre fusiones y adquisiciones fomenten la inversión en determinados sectores estratégicos y en unos plazos de tiempo adecuados.
Telefónica incide que no hay que olvidar que esas Directrices son lo que se denomina una soft law. Es decir, una guía de auto orientación para la Comisión basada, generalmente, en la jurisprudencia y en decisiones previas con el objetivo de dar cierta perspectiva y certidumbre a las empresas sobre cómo se espera que Bruselas revise las operaciones de concentración.
"Teniendo en cuenta que el mandato de Von der Leyen, que anima a la DG COMP a considerar nuevos parámetros y objetivos políticos más amplios que nunca se habían tenido en cuenta en el pasado a la hora de tomar sus decisiones, la revisión de las Directrices deberá ser prospectiva o será insuficiente para dar respuesta a los cambios que se pretenden abarcar", avisa.
Por este motivo, Telefónica insta a Ribera a dar un paso más y a llevar cabo no sólo una revisión de las Directrices sino modificar del Reglamento de Control de Concentraciones de la UE (EUMR por sus siglas en inglés), que no se ha tocado en los últimos 20 años y que es "clave para dar respuesta a estas nuevas realidades y retos del mercado".
Cambio de enfoque
En su opinión, esta es la manera de garantizar un "cambio fundamental de enfoque" en el que la política de competencia se convierta en una herramienta para "garantizar la competitividad, la resistencia y la autonomía estratégica de Europa", así como el bienestar de los consumidores en el complejo entorno geopolítico actual.
En este sentido, añade que esta revisión del Reglamento debe permitir un enfoque "prospectivo y a largo plazo" a la hora de evaluar las operaciones de concentración. En concreto, propone que se centre en las estrategias de inversión a largo plazo que fomentan la competitividad y la seguridad económica de la UE y dé menos importancia a los efectos de los precios a corto plazo como único indicador de la competitividad del mercado y del bienestar de los consumidores.
Además, Telefónica pide a Bruselas que también tenga en cuenta en sus análisis factores como la innovación, la soberanía, la resiliencia, la seguridad, la sostenibilidad o la capacidad de elección de los consumidores. Además, cree que es clave que la DG COMP deje de trabajar en silos y adopte una visión más amplia para garantizar que sus decisiones se ajustan a las políticas más amplias de la UE.
De hecho, apuesta por una "colaboración estrecha" con otros comisarios y servicios para que estos participen de forma más activa en las decisiones sobre fusiones. Para Telefónica es primordial contar con la opinión de otras direcciones generales de la CE que tienen experiencia en el sector en el que operan las partes de la concentración o que tienen objetivos específicos más amplios de la UE.
Vestager
La llegada de Ribera pondrá fin a una década de Margrethe Vestager como comisaria europea de Competencia. Diez años en los que la política danesa se ha enfrentado a las críticas de varios sectores, incluido el de las telecomunicaciones, por priorizar el impacto en los precios para los consumidores a las políticas de inversión a la hora de analizar propuestas de concentración.
De hecho, la Justicia europea ya ha fallado en varios ocasiones en contra de las decisiones de Vestager. Hace apenas un mes, el Tribunal de Luxemburgo (TJUE) dio la razón a la compañía biotecnológica estadounidense Illumina y anuló el veto de la CE a la compra de start-up Grail al considerar que Bruselas carecía de competencias para examinar esta operación.
En el pasado la propia Telefónica se vio afectada por las directrices de Competencia marcadas por Vestager. Bruselas bloqueó en 2016 la venta de su filial en Reino Unido O2 a Hutchison (Three) por 10.300 millones de libras (unos 12.375 millones de euros al tipo de cambio actual) al considerar que la operación provocaría a subidas de precios de la telefonía móvil.
Este veto fue anulado cuatro años después por el Tribunal General de la Unión Europea al concluir que no habían quedado demostrados los efectos perjudiciales para la competencia que esgrimió Bruselas para frenar la transacción. Sin embargo, la CE recurrió esta sentencia y aún está pendiente de conocerse la decisión final.