Así pretende el Gobierno acabar con los coches que emiten CO2

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para su tramitación parlamentaria, tal y como ha confirmado la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior.

La ministra Teresa Ribera ha destacado que “no podemos volver al modelo anterior; tenemos que buscar una salida por arriba, una salida que nos permita mirando al futuro consolidar opciones de empleo, innovación y mejora de nuestra sociedad desde el punto de vista de la estabilidad, la seguridad y el empleo”.

Dado que el sector del transporte por carretera supone el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, su descarbonización en uno de los pilares fundamentales para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Los grandes objetivos en este ámbito pasan por que desde 2040 no se vendan turismos y vehículos comerciales nuevos que emitan CO2 y lograr que en 2050, solo diez años después, el parque automovilístico español no emita CO2.

¿Cómo lograrlo?

Desde el primer momento, el Gobierno ha indicado que consultará al sector del automóvil las medidas que implementará para impulsar la penetración de vehículos sin emisiones directas de CO2. No obstante, el anteproyecto muestra en su título IV las principales líneas maestras por lo que quiere circular en esta transición.

El Ejecutivo indica que adoptarán “las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0 gr. CO2/km, ha mostrado el anteproyecto. Además, “se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+i”. Nada concreto, por ahora.

Sí ha sido un poco más explícito, dentro de las generalidades, para los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares. Estos, según el texto, introducirán en la planificación de ordenación urbana medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad incluyendo, al menos:

a) El establecimiento de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023.

b) Medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo, asociándolos con hábitos de vida saludables.

c) Medidas para la mejora y uso de la red de transporte público.

d) Medidas para la electrificación de la red de transporte público y otros combustibles sin emisiones de gases de efecto invernadero, como el biometano.

e) Medidas para fomentar el uso de medios de transporte eléctricos privados, incluyendo puntos de recarga.

f) Medidas de impulso de la movilidad eléctrica compartida.

Con objeto de garantizar la existencia de infraestructura de recarga eléctrica suficiente, la ley introduce “obligaciones de instalación de infraestructuras de recarga eléctrica en las estaciones de servicio cuyas ventas anuales de gasolina y gasóleo superen los 5 millones de litros, alcanzado el 10% de la red”.

El sector, prudente

Desde el sector de la automoción, conscientes de que aún falta mucho camino por recorrer, se han mostrado colaboradores con el Gobierno y han indicado que es un primer paso importante en el que todos deben ir de la mano.

El director general de Anfac, José López-Tafall, ha indicado que “la ley era muy necesaria pues configura un marco nacional a nivel normativo y fija los objetivos de largo plazo”. A su vez, “es el punto de partida para empezar a diseñar las herramientas necesarias para convertir esos objetivos en realidades”, ha insistido.

Desde la patronal de los fabricantes han señalado que “la inexistencia de prohibiciones taxativas y la generación de un horizonte de trabajo progresivo y alineado con Europa es positivo porque contribuye a la innovación en las diferentes tecnologías y permite generar una hoja de ruta clara”.

Por su parte, Faconauto ha afirmado que el Anteproyecto de Ley “es un punto de partida, pero que habrá que concretar las herramientas para conseguir ese objetivo común, que pasa particularmente por un impulso definitivo de los vehículos de bajas o nulas emisiones”.

Cabe recordar que el sector está de la aprobación por parte del Gobierno de un plan de choque nacional de medidas urgentes y específicas para el automóvil y otros vehículos, como vehículos industriales, autobuses, motocicletas o ciclomotores.

La movilidad eléctrica, confiada

El director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia, ha afirmado que 2050 se trata de “un plazo razonable que también lo es para la industria española de la automoción, que ha valorado positivamente el anteproyecto de Ley por cuanto permite situar a nivel legal los objetivos a largo plazo que fija la Unión Europea y porque es el punto de partida que permite transformar esos objetivos en realidades a través de actuaciones concretas”.

Por tanto, ha admitido el directivo de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive), “lo primero es reconocer el esfuerzo que desde la Administración y con el liderazgo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha realizado para que España esté a la vanguardia de un impulso de esta naturaleza en el entorno europeo”.

Para Arturo Pérez de Lucia, “las prioridades deben estar centradas en reforzar por un lado el tejido industrial y tecnológico español para tratar de atraer las inversiones y con ello la producción de vehículos cero emisiones en España, que mantengan ese nivel de ambición en la automoción que abandera nuestro país desde hace años como núcleo de competitividad y empleo; del mismo modo, en el impulso al despliegue de una red de recarga pública de vehículos eléctricos que consolide el trabajo desarrollado hasta ahora por los distintos operadores”.