El parón total de actividad que atravesó España durante varias semanas no solo detuvo el ejercicio de las empresas, también paralizó por completo varios procesos que venían desarrollándose con normalidad antes la pandemia. Es el caso de las autoescuelas. Más de 300.000 alumnos no han podido examinarse en los últimos meses. Esto ha coincidido con las ya recurrentes huelgas de examinadores y ha terminado por provocar una situación "inadmisible" en el sector.
Tras permanecer casi tres meses cerradas, sin ingresos y después de haber atravesado dos huelgas de examinadores en los últimos años las autoescuelas intentan reactivar su negocio para dar respuesta a los ciudadanos que acuden para sacarse el carné de conducir.
Sin embargo, aseguran que a pesar de "mucho esfuerzo y las horas de trabajo" no logran arrancar nuevamente su negocio. "La Administración nos limita nuestra capacidad de trabajo, por falta de recursos, lo cual es inadmisible", lamenta la patronal CNAE.
Atasco en Tráfico
Los meses de inactividad fueron acumulando la cantidad de exámenes pendientes. En junio, Tráfico registraba que el periodo de confinamiento había impedido la realización de 286.000 pruebas. La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) estima que esa cifra crece cada semana.
"El ciudadano no puede ver comprometido sus derechos por cómo sea el servicio. Necesita poder examinarse si quiere hacerlo y está claro que el sistema actual no da más de sí", explica el asesor de PONS Seguridad Vial, Ramón Ledesma.
Si durante las peores semanas de la pandemia no se pudo realizar ningún examen, ahora las jefaturas se encuentran completamente desbordadas. Esto coincide con la temporada de verano, cuando las autoescuelas registran un incremento en su volumen de negocio, pues muchos estudiantes aprovechan para inscribirse.
No obstante, la CNAE considera que el colapso de los centros examinadores no es algo coyuntural motivado por la Covid, sino que es "endémico", ya que se repite "año tras año".
En concreto, este año se produce un atasco entre las personas que no han podido examinarse en meses previos y las que ahora acuden a las autoescuelas. Esto repercute en los propios centros de formación, que se ven obligados a limitar la cantidad de alumnos que pueden presentar a examen.
¿Y si se privatiza el examen?
Una alternativa para descongestionar las listas de espera podría implicar la colaboración público-privada en la gestión de los exámenes. Esto supondría avanzar hacia un modelo de privatización en el que las autoescuelas tendrían mano a la hora de otorgar los permisos.
En 2017, a partir de la huelga de examinadores, la CNAE ya solicitó revisar el modelo de exámenes, en el que se implicaría a las autoescuelas privadas; aunque, actuarían bajo la supervisión de Tráfico matiza la plataforma.
Esto permitiría paliar la falta de personal y reduciría el tiempo que un alumno tiene que esperar hasta poder examinarse. Sin embargo, la DGT siempre se ha mostrado contraria a una modificación en el sistema y ha defendido que los exámenes deben recaer en la Administración pública.
Ledesma pone el foco en el alumno que no logra examinarse: "Por encima de todo tiene que estar el servicio al ciudadano y solo las instituciones que funcionen pueden dar servicio. La DGT tendrá que adaptarse a la nueva realidad para seguir aportando ese servicio, aunque la fórmula está por descubrir, pero no es comprensible que se produzca una situación actual".
Las autoescuelas piden más inversión
El sector en su conjunto no logra iniciar una auténtica recuperación y, señala Enrique Lorca, presidente de CNAE, "motiva prórrogas de ERTE y pone en serio riesgo los puestos de trabajo e incluso la viabilidad de las empresas". Según los datos manejados por la Confederación de Autoescuelas, en los últimos seis meses han cerrado 78 autoescuelas en España.
Desde la CNAE creen que el impacto de esto es todavía mayor, pues repercute en ciudadanos que no pueden obtener un permiso de conducir indispensable para acceder al mercado laboral.
Por ello piden un incremento en la inversión pública. El presidente de CNAE explica que esto no supone un aumento del gasto público, ya que además el servicio de exámenes "es muy rentable y deja beneficios en las arcas del Estado". Por ello, considera que "cuidarlo sería una operación ganadora" para todos los actores implicados en el proceso.
"En el momento actual de vuelta a la normalidad, es necesario dinamizar la economía y evitar que el sector y sobre todo los aspirantes a conductores, que pagan en forma de tasa este servicio, estén coartados y limitados por los déficits de personal de la Administración", recuerda Lorca.