Nueva vuelta de tuerca en la tensa relación entre los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y el sector del taxi. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un proyecto de ley de modificación del régimen sancionador del VTC, con el objeto de "reforzar el cumplimiento de las condiciones de explotación de este tipo de transporte y garantizar una competencia leal".

El proyecto aprobado por el Ejecutivo revisa el actual marco sancionador recogido en la ley de ordenación de los transportes terrestres (LOTT), de modo que eleva la gravedad de determinadas infracciones.

Entre ellas destaca la realización del servicio sin previa precontratación, además de la prestación del servicio en un ámbito territorial distinto al que corresponda o el incumplimiento de la regla de la habitualidad, entre otras cuestiones, ha anunciado esta tarde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

Además de todo esto, el proyecto ha tipificado una nueva infracción por el incumplimiento de otras condiciones del servicio, como las relativas al itinerario del servicio, los horarios y calendarios de prestación del servicio y las características técnicas o la adecuada señalización del vehículo previstas en el marco normativo.

Por si esto fuera poco, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha explicado que "con objeto de reforzar la efectividad del nuevo marco sancionador", el real decreto establece la posibilidad de inmovilizar el vehículo hasta el pago de sanciones muy graves e incluso, en último término, la posibilidad de revocar la autorización de VTC por la comisión de cinco infracciones de naturaleza muy grave en un año.

Competencia leal

El Gobierno modificó la regulación del arrendamiento de vehículos con conductor mediante el Real Decreto ley 13/2018, de 28 de septiembre, para completar la regulación aprobada en abril de ese mismo año (Real Decreto ley 3/2018, de 20 de abril).

El ejecutivo argumentó en su momento que se había revelado "insuficiente para atender los problemas de movilidad, congestión de tráfico y medioambientales que el elevado incremento de la oferta de transporte urbano en vehículos de turismo estaba ocasionando en los principales núcleos urbanos de nuestro país".

Desde entonces se han llevado a cabo una serie de acciones complementarias, como los trabajos relacionados con el Registro electrónico de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor o los trabajos que se vienen realizando en el grupo de trabajo técnico con las comunidades autónomas para compartir buenas prácticas y coordinar las diferentes políticas públicas y las regulaciones que pretendan aprobar las administraciones con competencia en la materia. Este proyecto de ley se encuadra en este conjunto de acciones, completando el nuevo marco jurídico del sector.