De poco servirá que los fabricantes de coches pongan en el mercado vehículos eléctricos si España carece de la infraestructura de carga necesaria para que puedan desplazarse por sus carreteras con autonomía. Bajo esta premisa, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha presentado 16 medidas que contribuyen al impulso la infraestructura de recarga eléctrica.

La asociación ha elaborado una recopilación de una serie de propuestas concretas que divide en cuatro dimensiones: institucional, regulatorio, impulso económico y liberalización y protección a los consumidores. El objetivo de todas ellas es "la consecución de una red de infraestructura de recarga de acceso público de calidad y con capilaridad en todo el territorio que además permita recuperar el atraso existente con otros países europeos" según explican desde Anfac.

Para la coordinación, ejecución y supervisión de todas estas medidas, Anfac propone crear un comité de coordinación dependiente directamente del Consejo de Ministros o de la comisión que se constituya para la Recuperación, Transformación y Resiliencia así como la creación de una agencia estatal que coordine, ejecute y supervise el cumplimiento de los objetivos de despliegue.

Además, para permitir el diálogo, intercambio de opiniones y recomendaciones, también propone la creación de un Consejo Asesor para Despliegue de las infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico, integrado por representantes del Comité de Coordinación y representantes de la Agencia Estatal, asociaciones sectoriales involucradas y representantes de las industrias afectadas e interesadas en el despliegue.

Hasta 48.000 puntos de recarga en 2022

La primera de las medidas institucionales pide fijar objetivos vinculantes de despliegue de infraestructura de recarga de acceso público. En este sentido, Anfac propone contar con entre 45.000 y 48.000 puntos de recarga de acceso público el 31 diciembre de 2022. Para 2025 sitúa la meta en una horquilla entre 110.000 y 120.000 puntos. Una cifra que debería de llegar a 340.000 puntos al terminar 2030.

En este punto, la asociación pide que se garantice "una distribución mínima de infraestructura de recarga rápida particularmente en la Red Básica de Carreteras y Red General de Carreteras del Estado. En el ámbito interurbano, deberá además priorizarse el despliegue de puntos de recarga de acceso público de potencias iguales o superiores a 250 kW para aproximar los tiempos de recarga al del repostaje tradicional de otros combustibles".

La segunda medida persigue el reconocimiento de interés estratégico nacional para proyectos de despliegue de infraestructuras de recarga pública de alta potencia (más de 250 kW). Esta medida permitiría el reconocimiento para poder disponer de un procedimiento de "ventanilla única" ante la administración competente que garantice "el impulso preferente y urgente de todos los trámites ante cualquier administración pública y órgano del sector público".

Del mismo modo, esta propuesta ayudaría a reducir a la mitad de los plazos ordinarios de trámites administrativos previstos en la normativa de aplicación. Una cuestión a la que se uniría la asignación a la administración competente de la condición de "gestor" para la coordinación de la tramitación del proyecto, "otorgándole la capacidad de interlocución y solicitud de informes con las diferentes administraciones" indica la propuesta de Anfac.

La última de las medidas institucionales solicita actuaciones para incrementar el número de puntos de recarga de acceso público interurbano a corto plazo. "Dado el estado actual del despliegue de infraestructura resulta necesario aprobar una serie de medidas urgentes, de carácter temporal limitado, con el único objetivo de constituir una red mínima que permita, durante un periodo transitorio, el tránsito de los consumidores por la Red General de Carreteras".

En este punto, Anfac propone que aquellas estaciones de servicio que vayan más allá de los objetivos de despliegue de infraestructura de recarga, planteados en el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, puedan optar a una línea de subvenciones más potente que permita al titular de la instalación que opte por esta opción sufragar los costes de la instalación de potencia superior sin un perjuicio económico.

Eliminación barreras regulatorias

El segundo de los apartados de la propuesta de Anfac recoge cinco medidas destinadas a eliminar las barreras regulatorias. La primera de ella solicita el desarrollo complementario o adicional a la declaración de utilidad pública. Del mismo modo, pide incentivar el despliegue en autopistas y autovías de la Red General de Carreteras del Estado. Además, la asociación invita a mejorar la transparencia de la capacidad de consumo de la red de distribución.

Otro de los puntos de este apartado señala a la simplificación del marco regulatorio local. Para ello, Anfac propone una serie de medidas que fomenten el despliegue y eliminen trabas administrativas que van desde la puesta en marcha de programas de ayudas municipales para la instalación de puntos de recarga pública a planificar un mapa de infraestructura de recarga de acceso público.

La última de las propuestas destinadas a reducir las barreras regulatorias señala la promoción de infraestructuras de recarga inteligente de los vehículos eléctricos en los
aparcamientos de los edificios. En este punto Anfac plantea "algunas propuestas a incorporar en el futuro Código Técnico de la Edificación para favorecer las infraestructuras de recarga en edificios, tanto de uso residencial privado como aquellos que pertenezcan a la Administración General del Estado o a los diferentes organismos públicos".

Impulso económico

En lo que respecta a las medidas dirigidas al impulso económico, desde la asociación solicitan la articulación de ayudas a la implantación de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Para ello, ve necesario "priorizar el establecimiento de planes de ayuda con suficiente dotación y con instrumentos que permitan un aprovechamiento eficiente e inteligente de los fondos".

Del mismo modo, Anfac propone poner en marcha una serie de beneficios fiscales de carácter temporal en el Impuesto Especial sobre Electricidad. El objetivo de esta iniciativa es "hacer más atractivo el uso de vehículos eléctricos y siguiendo el ejemplo de Países Bajos se propone trabajar en un marco temporal de exención o tipo impositivo reducido a la electricidad suministrada a los vehículos eléctricos a través de puntos de recarga específicos para éstos, priorizando sobre los puntos de recarga de vehículos eléctricos de alta potencia".

A las dos cuestiones anteriores, la asociación de fabricantes de vehículos añade una flexibilización temporal de los costes fijos en puntos de recarga pública. Esta medida persigue ayudar a que los modelos de negocio sean viables hasta alcanzar una penetración del vehículo eléctrico razonable. Además, desde Anfac proponen incluir proyectos de potenciamiento de la infraestructura de recarga en los planes de inversión anuales y plurianuales de las distribuidoras eléctricas.

Medidas de liberalización y protección a los consumidores

El último de los apartados de la propuesta de Anfac incide en la necesidad de mejorar la liberalización del mercado. Para ello, considera necesario realizar un registro de puntos de recarga de acceso público. En este punto plantea crear una plataforma de información sobre puntos de recarga públicos.

Del mismo modo, la asociación señala la necesidad de facilitar el pago en los puntos de recarga de acceso público. "Para favorecer el despliegue del vehículo eléctrico, es necesario disponer de un roaming fiable para los usuarios de un vehículo eléctrico, de forma que puedan recargar en diferentes países y en diferentes redes de recarga utilizando para ello una única aplicación o tarjeta para el pago".

La penúltima de las medidas propuestas señala a la mejora en la transparencia de costes en la factura para evitar riesgos de arbitraje de precios. El objetivo es
garantizar que la información que se facilite sobre la energía suministrada al gestor y al titular del punto de recarga sea "fácil y claramente comparable, transparente y no discriminatoria".

La última de las medidas propuestas por Anfac apunta a la necesidad de asegurar el mantenimiento de los puntos de recarga pública y a asegurar su operación. Para ello, se propone que los titulares de los puntos de recarga eléctrica de acceso público que estén registrados en el Punto de Acceso Nacional de información de tráfico informen sobre sus condiciones de operación, así como la posible interrupción de servicio por mantenimiento, cese de actividad y cualquier otro motivo.

En definitiva, la propuesta de Anfac recoge un plan que pretende ordenar un proceso que necesita avanzar a velocidad de crucero en diferentes áreas para que España esté en disposición de cumplir los objetivos comunitarios en materia de sostenibilidad. Y es que, todas las piezas del puzle de la movilidad deberán encajar para que esas metas pasen del ámbito teórico a la realidad.