Tras meses de duras negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez, la Comisión Europea ha dado luz verde este jueves a las ayudas públicas por valor de 3.000 millones de euros para el proyecto estratégico (PERTE) del vehículo eléctrico y conectado, uno de los ejes centrales del plan de recuperación de España. El PERTE será financiado en parte con los fondos Next Generation.

El Ejecutivo comunitario ha llegado a la conclusión de que la iniciativa es necesaria para impulsar la recuperación verde y digital de la economía española tras la pandemia de Covid-19. Al mismo tiempo, el diseño del PERTE minimiza las posibles distorsiones de competencia en el mercado único. Por todo ello, la fuerte inyección de fondos públicos resulta compatible con las reglas de la UE.

"Los 3.000 millones de euros de la iniciativa español ayudarán a poner en marcha una cadena de valor innovadora y sostenible para los vehículos eléctricos, en consonancia con las normas sobre ayudas estatales y los objetivos del Pacto Verde Europeo", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, la liberal danesa Margrethe Vestager.

El PERTE del vehículo eléctrico incluye ayudas para inversiones en I+D+i y también ayudas para inversiones medioambientales, entre ellas la eficiencia energética. Funcionará hasta finales de 2023 y está abierto a consorcios de empresas interesadas, establecidos tanto dentro como fuera de España.

Cada consorcio incluirá empresas activas en una amplia gama de sectores relacionados con los vehículos eléctricos y conectados, y al menos el 40% de los socios serán pequeñas y medianas empresas. La ayuda se otorgará mediante una selección competitiva y tomará la forma de subvenciones directas y préstamos preferentes blandos.

Efectos positivos en la economía española

Tras examinar el detalle el PERTE, la Comisión ha llegado a la conclusión de que la iniciativa es necesaria para faciliar las inversiones en I+D y en medidas de protección medioambiental en la cadena de suministro para vehículos eléctricos y conectados. También tendrá un efecto incentivo, ya que los proyectos no se llevarían a cabo en ausencia de apoyo público.

Bruselas cree que la ayuda es proporcionada y limitada al mínimo necesario. En particular, los proyectos elegibles, los costes elegibles y la intensidad máxima de ayuda pública se ajustan a las directrices comunitarias.

El PERTE del vehículo eléctrico incluye además las salvaguardas necesarias para limitar cualquier efecto negativo indebido. En este sentido, se limita la cantidad máxima de ayuda que puede recibir un beneficiario individual. En segundo lugar, se garantiza una participación adecuada de las pymes. En tercer lugar, las empresas participantes tienen que demostrar que la cantidad de ayudas públicas que solicitan se limita al mínimo necesario.

Finalmente, el Ejecutivo comunitario cree que los efectos positivos de la medida (en particular en el medioambiente, para el área europea de investigación y para la recuperación de la economía española) superan los efectos negativos en forma de posibles distorsiones de competencia.

"La iniciativa ayudará a España a cumplir los objetivos medioambientales fijados a nivel nacional y de la UE y apoya la transición digital, ya que impulsa las inversiones en la conectividad de los vehículos eléctricos", ha resaltado la Comisión.

El Gobierno de Sánchez se ha comprometido con Bruselas a llevar a cabo una evaluación a posteriori del PERTE del vehículo eléctrico para verificar los efectos de las ayudas públicas.