La Comisión Europea ha dado luz verde este lunes a un plan de España dotado con 47,5 millones de euros cuyo objetivo es apoyar la digitalización de los servicios de transporte de mercancías. El programa, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, se financiará íntegramente con cargo a los fondos Next Generation adjudicados a nuestro país tras la aprobación por parte de la UE del plan de recuperación y resiliencia.

El plan español persigue una triple finalidad. En primer lugar, la digitalización y optimización de los procesos logísticos en puertos y terminales ferroviarias. También pretende impulsar el uso de tecnologías para la identificación y trazabilidad de trenes y unidades intermodales de transporte. Finalmente, las ayudas están dirigidas a la optimización general del transporte de mercancías mediante tecnologías de datos e inteligencia artificial.

El programa está abierto a todos los operadores de transporte de mercancías y operadores de terminales activos en España. El apoyo de Next Generation adoptará la forma de subvenciones directas. 

Tras realizar un examen en profundidad, Bruselas ha llegado a la conclusión de que el plan "es necesario y proporcionado para mejorar la coordinación en el ámbito del transporte al garantizar una interoperabilidad digital a gran escala entre las diferentes redes de transporte de mercancías, así como entre las entidades individuales implicadas en el transporte de mercancías".

Además, la Comisión considera que la ayuda tendrá un "efecto de incentivo", ya que los beneficiarios no realizarían las inversiones sin apoyo público. Por tanto, el Ejecutivo comunitario sostiene que la medida se ajusta a la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la UE y al Pacto Verde Europeo, "sin distorsionar indebidamente la competencia en el mercado único".

Todas las inversiones y reformas que supongan ayudas estatales incluidas en los planes nacionales de recuperación presentados en el contexto de Next Generation deben notificarse a la Comisión para su aprobación previa. El Ejecutivo comunitario debe garantizar que se preserve la igualdad de condiciones en el mercado único y que los fondos se utilicen de manera que sea mínimo el falseamiento de la competencia y no se desincentive la inversión privada.