Esto ha provocado que desde el Ejecutivo se haya puesto en marcha un plan de estudio de alternativas que puedan ayudar a los pequeños municipios a contar con alternativas para no depender de la movilidad tradicional. En este contexto, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han puesto sobre la mesa la posibilidad de promover la llegada de modelos de carsharing eléctricos a zonas rurales.

Según ha podido saber este medio, en el equipo de Teresa Ribera han planteado la posibilidad de poner en marcha un proyecto que permita el despliegue de vehículos eléctricos compartidos en pequeños municipios. Una iniciativa que pretendería acelerar la llegada de coches de última generación a lugares donde su adopción aún es insignificante.

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El vehículo eléctrico está protagonizando un despliegue a velocidades muy diferentes. Por el momento los automóviles no contaminantes están consiguiendo abrirse paso entre usuarios que, además de un alto poder adquisitivo, cuentan con viviendas que permitan cargar sus coches de última generación. Las zonas rurales cuentan con parques automovilísticos muy envejecidos y con consumos de combustible poco eficientes.

Un servicio para grandes ciudades

Actualmente el carsharing es un servicio restringido a las grandes ciudades. Tanto en España como en Europa este tipo de iniciativas está en una fase muy primaria y circunscrita a urbes que cuenten con millones de potenciales usuarios. Aunque cada vez existen más operadores de este tipo en España su operativa se está centrando, mayoritariamente, en Madrid. 

Las regulaciones de movilidad de otras ciudades han convertido en la capital de España en uno de los principales hubs mundiales del vehículo compartido. Los operadores de este tipo de servicio llevan años sondeando a municipios de todo tipo para realizar pruebas piloto pero, por el momento, ninguno ha fructificado. 

En opinión de AVCE (Asociación de Vehículos Compartidos España); la movilidad se encamina hacia un modelo más eficiente donde el coche compartido y conectado permitirá el aceso a la movilidad más eficiente no solo en el ámbito urbano, sino también más rural. Para ello es fundamental el apoyo institucional a todos los niveles por dos motivos principales: el primero, desplegar servicios de coche compartido conlleva inversiones muy elevadas para los operadores. Además, se necesita un marco legal general nivel nacional para que el usuario tenga la seguridad de utilizar correctamente los servicios.

Desde el sector señalan que muchos municipios están valorando la posibilidad de poner en marcha iniciativas de este perfil, pero que, hasta el momento, no se han encontrado fórmulas que lo permitan. En territorios con poblaciones reducidas sería necesario contar con subvenciones, no sólo para la operativa de los propios vehículos, sino también para la infraestructura de carga necesaria.

Una red fundamental para la operativa de este tipo de automóviles que, sobre todo por cuestiones administrativas, está teniendo un despliegue mucho menos rápido de lo necesario. Algo que afecta a las grandes ciudades, a los principales corredores del país y que en los entornos rurales, prácticamente, ni ha comenzado.

Compleja implementación

Precisamente en este retraso está uno de los pilares de la idea de Transición Ecológica. La escasez de alternativas sostenibles en los entornos rurales hace que estén muy expuestos a la subida de precios de los combustibles. Se considera que la puesta en marcha de una red de vehículos compartidos permitiría acelerar la llegada de estos municipios de modelos de última generación.

Una implementación con la que se buscaría que los usuarios conocieran las capacidades de los vehículos eléctricos, sus singularidades operativas y sus virtudes. El principal problema que se señala desde el sector es la dificultad en la implementación de estas flotas. Los fabricantes de vehículos eléctricos tienen una capacidad de producción muy limitada.

Del mismo modo, dotar a los municipios de capacidades de carga sería un proceso que necesitaría de tiempo y recursos. Y es que, son precisamente los pasos administrativos necesarios para dar de alta a los puntos de recarga una de las cuestiones que más tiempo necesita si no se modifica la legislación actual. 

Por último, estos servicios apoyan prácticamente la totalidad de su operativa en sus apps y smartphones. Una barrera más que exigiría una fase de adaptación importante de gran parte de la población de estos entornos.

Así las cosas, la puesta en marcha de un servicio de movilidad compartida no contaminante se enfrentará a multitud de retos. Para convertirse en realidad a los recursos necesarios habrá que sumar un importante apoyo tanto por parte de compañías como de la administración. Algo que requeriría tiempo, justo el elemento más escaso para hacer frente a la compleja situación energética que vive el país.