El argumento más utilizado defiende que, si es público, ya debería estar pagándose con los impuestos. Los contrarios a esta visión sostienen que la titularidad de una empresa no define su modelo de negocio y que, lo más justo, es que sean los usuarios que utilizan ese servicio quienes lo paguen. 

El próximo mes de septiembre este debate va a llegar a otra dimensión. Por primera vez en la historia moderna de nuestro país los Cercanías y los servicios ferroviarios de media distancia serán bonificados por el Gobierno lo que permitirá utilizarlos sin tener que pagar. Además, otra parte importante del transporte público gestionado por las comunidades autónomas va a poder sumarse a esta iniciativa y reducir hasta un 50% las tarifas de sus servicios. 

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Un proyecto enmarcado entre las medidas para hacer frente a la crisis energética provocada por la invasión de Rusia que se ha destacado como una de las medidas más esperadas por parte de la ciudadanía.  

Esta decisión del Gobierno ha sido defendida con el objetivo de cumplir dos objetivos. El primero busca ofrecer algo de oxígeno durante cuatro meses a los bolsillos de los ciudadanos reduciendo sus gastos de transporte. El segundo pretende que una parte de los ciudadanos que utilizan el vehículo privado para desplazarse a diario opten por no hacerlo y apuesten por el metro, el autobús o el Cercanías.

Objetivos sociales y operativos

La falta de experiencias de este calado en economías y ciudades del tamaño de las españolas hace difícil pronosticar el impacto que va a tener esta iniciativa. En los contactos entre el Ministerio de Transportes y las diferentes comunidades autónomas ha quedado patente que no existen unas proyecciones claras del efecto que tendrá.

Como en otras decisiones adoptadas desde el estallido de la pandemia para el conjunto de la movilidad, esta industria se enfrenta a un escenario inédito y, por ello, sin referencias claras. Algo que ha disparado la preocupación en parte de las empresas que ofrecen este tipo de servicios.  

Impacto económico

Tanto desde el sector del transporte en su conjunto como desde los análisis puramente económicos existen visiones muy enfrentadas ante esta medida. En lo que respecta a lo puramente económico sí se puede adelantar que la gratuidad del transporte tendrá un impacto en las cuentas familiares de millones de ciudadanos desde el minuto uno de su implementación. 

De los 600 millones de viajes registrados en Cercanías y media distancia durante 2019, año de referencia al no contabilizar el impacto del coronavirus, 209 millones de viajes se realizaron entre septiembre y diciembre. Una cifra a la que habrá que sumar el impacto de la reducción del 30% en abonos y títulos multiviaje de transporte público colectivo de competencia autonómica o local, que incluyen autobuses o metro. 

En ciudades como Madrid o Barcelona el ahorro económico por persona puede oscilar entre los 20 a los más de 100 euros según el contexto socioeconómico y el uso del transporte público que realicen los ciudadanos. Una cuantía que en familias con hijos en edad escolar o universitaria puede ser importante. Además, algunos economistas también señalan el impacto que esta medida podría tener en los datos de la inflación de los cuatro últimos meses del año.

Según esta visión, sacar un porcentaje significativo del gasto mensual en transporte ayudaría a frenar la escalada de precios en el último tramo del año. Algo que tendría un impacto multiplicador ya que de la inflación dependerá el aumento de pensiones o las negociaciones de las retribuciones de los funcionarios. Cada décima que se consiga frenar el IPC en 2022 supondrá un ingente ahorro en las cuentas de 2023. 

Trasbase entre modos de transporte

En donde existe un nivel de incertidumbre total es en lo que se refiere al trasvase que puede tener la rebaja o eliminación de estas tarifas entre usuarios de diferentes tipos de transporte. En concreto, en qué porcentaje de usuarios dejará de utilizar su vehículo particular para pasar a desplazarse en transporte colectivo. 

Existen pocos ejemplos de cambios tan importantes como el que se va a vivir en España. Por ello, desde el sector destacan que es muy complicado realizar proyecciones. Países como Luxemburgo, Alemania y algunas ciudades de Francia, Bélgica o Chile han tomado medidas reduciendo o eliminando tarifas del transporte público. Los resultados han sido muy diferentes en función del tamaño de las localidades o el tiempo en el que estuvo en marcha la medida.

En este sentido, el estudio más profundo sobre la aplicación de cambios en este tipo de tarifas lo publicó la Unión Internacional del Transporte Público (UITP), asociación que agrupa a 1.900 operadores de 100 países distintos.

El informe señala que la gratuidad del transporte público por sí sola no garantiza importantes cambios modales. "La eficacia de este tipo de políticas depende, en gran medida, del contexto local inicial y de las medidas de acompañamiento que se apliquen. No hay pruebas claras de que la gratuidad del transporte por sí solo sea suficiente para propiciar el cambio modal, la inclusión social y el desarrollo económico de una ciudad".

Consecuencias a largo plazo

Uno de los puntos más importantes del estudio destaca que el componente de precio no es un gran reclamo para los usuarios del vehículo privado ya que, sin necesidad de bajar las tarifas del transporte colectivo, optar por sus automóviles ya les supone un precio más alto que el de otras opciones.

"Los planes de reducciones de tarifas que han tenido éxito combinan una serie de medidas de impulso y atracción, destinadas a mejorar la red de transporte público y a priorizar las modalidades de transporte sostenibles. Los defensores de estas políticas suelen citar el aumento del número de usuarios del transporte público como el objetivo principal, atrayéndolos del vehículo privado. No obstante, el transporte público ya es más barato que el uso del automóvil y es poco probable que una pequeña mejora adicional en el precio dé lugar a un cambio significativo", explica el informe de la UITP.

En este sentido, el estudio de la UITP también señala que lo que sí se aprecia es un uso mayor pero entre los usuarios que no optan por sus vehículos particulares. "Diversos estudios sugieren, contrariamente, un aumento de los usuarios que antes se desplazaban andando y en bicicleta. Desde la perspectiva de los usuarios existentes, la gratuidad del transporte público no parece ser la principal preocupación, al contrario de lo que ocurre con el aumento de la capacidad, la frecuencia y las mejoras generales de calidad".

Por último, el informe señala que, una vez puestas en marcha estas políticas será muy complejo volver a las tarifas previas a la reducción. "Un transporte público gratuito tiene un coste que tendrá que asumir el Gobierno, los contribuyentes o la financiación de terceros, de una manera que no ponga en peligro la sostenibilidad financiera del transporte público. Las consecuencias a largo plazo de este tipo de política deben canalizarse en detalle, teniendo en cuenta que la reversión es siempre una decisión política difícil".

Mal timing

A todas estas consideraciones técnicas hay que sumar el momento en el que llega este plan del Gobierno. Los operadores de transporte colectivo han pasado, posiblemente, los dos peores años de su historia desde la Guerra Civil española. Tanto la Covid primero como el aumento de los costes energéticos después han descuadrado sus cuentas y tensionado al máximo su capacidad operativa.

La gratuidad del servicio y la reducción de tarifas del próximo mes de septiembre llegan en un momento de extenuación dentro de estas empresas. El aumento en la utilización del transporte colectivo, sobre todo durante las horas punta, es visto como un tremendo reto en un momento de recursos mermados.

En lo que se refiere a la parte más técnica, desde el Gobierno se están impulsando importantes actuaciones en materia de modernización de trazados e infraestructura en Cercanías. Del mismo modo, la mayor renovación de material rodante para este segmento de la movilidad se encuentra en pleno proceso de fabricación, pero aún no estará disponible durante los meses en los que se aplicará la nueva política de precios.

Así las cosas, el próximo 1 de septiembre España pondrá en marcha una de las actuaciones en materia de transporte público más ambiciosas de las que se han puesto en marcha en la historia reciente de occidente. Sólo el paso del tiempo definirá el impacto económico y social de esta medida y su eficacia tanto para mejorar la situación financiera de las familias, como para redefinir los pesos de los diferentes modos de transporte.

Como ya empieza a ser costumbre desde el estallido de la pandemia del coronavirus, el sector de la movilidad volverá a caminar por sendas desconocidas.