Los controladores aéreos son los primeros que se oponen a esta liberalización (iniciada en 2010 en otras torres). Alegan que se “precariza un servicio vital para la seguridad aérea”, denuncian que los sueldos de los controladores de torres privatizadas son mucho más bajos que los del personal público en Enaire y que la liberalización en algunas torres no sería eficiente al duplicar el número de controladores.

Por ello, el Ministerio reunió a miembros de USCA para trasladarles que está “comprometido” con el futuro de Enaire y del empleo público. Por ello, garantiza la estabilidad de todos los empleos, la continuidad de la actividad de la empresa y su crecimiento en el marco del Plan Estratégico aprobado, aseguran a este medio fuentes ministeriales.

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En este sentido, recuerdan que Enaire continuará prestando en exclusiva los servicios de control aéreo de ruta y de aproximación, que representan más del 80% de su actividad, y servicios de aeródromo en Madrid, Barcelona, Melilla y todos aquellos en los que conviven servicios de aeródromo y aproximación, “por lo que la liberalización no supondría eficiencias”, reconocen. 

Ello se debe a que en 11 torres no liberalizadas “no sería económicamente eficiente la liberalización aislada del servicio ATC de aeródromo, por prestarse conjuntamente con el servicio de aproximación”, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de 2018 y que impide que se liberalice el 100% de las torres de control en España, tal como contó este medio.

Y sería ineficiente porque “un mismo controlador presta servicios de aproximación y de aeródromo, de modo que la licitación de los servicios de aeródromo supondría desgajar las funciones que ahora recaen sobre un controlador aéreo en dos, uno para la aproximación (que seguirían prestando los controladores de Enaire) y otro para el aeródromo (que prestarían los controladores de la empresa ganadora de la licitación)”, tal y como señalan el informe.

Por otro lado, señalan que “la seguridad está plenamente garantizada porque las nuevas empresas que presten este servicio estarán certificadas”. Es decir, solo podrán prestar el servicio de control de torre las empresas que estén certificadas por la Agencia de Seguridad Española u otro supervisor de la Unión Europea.

Proceso largo

Por otro lado, Transportes quiere dejar claro que se trata de un “proceso largo” y la idea es hacerlo de la mano del sector, de Enaire y de los controladores. La orden ministerial está en audiencia pública y “vamos a analizar todas las alegaciones y reivindicaciones que se presenten de cara a la elaboración de la resolución final”, señalan fuentes del ministerio. 

Una vez publicada la orden ministerial empieza un proceso en el que se va a analizar y concretar el modelo de liberalización de las siete torres. “Se va a trabajar en el modelo para que sea el mejor, más justo y eficiente, siempre escuchando al sector y priorizando la eficiencia, la seguridad, la transparencia y la calidad en el empleo”. 

Por ello defienden que “la clave es mantener la calidad y estabilidad del servicio y del empleo, evitando tensiones e inestabilidad”. En este sentido, Aena dispone de un periodo de 18 meses para iniciar el proceso de selección de los nuevos proveedores por lo que las licitaciones no se publicarán hasta 2024. Luego hay un plazo de dos o tres años hasta que el nuevo proveedor empiece a dar el servicio.

Recordemos que se pretenden liberalizar las torres de estos siete aeropuertos: Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Gran Canaria, Tenerife Sur, Tenerife Norte, Bilbao y Santiago. Estos son los aeródromos con más tráfico en España (sin contar con Barcelona-El Prat y Madrid-Barajas). 

El Ministerio encabezado por Raquel Sánchez también se ha comprometido a avanzar en la firma del convenio colectivo para dar certidumbre y seguridad a Enaire y que pueda seguir creciendo.