El Gobierno ya tiene los relevos para Isabel Pardo de Vera e Isaías Taboas como secretario de Estado de Transportes y presidente de Renfe, respectivamente. David Lucas, hasta ahora secretario general de Vivienda del Ministerio de Transportes, será el nuevo secretario de Estado de Transportes mientras que Raúl Blanco, hasta diciembre secretario general de Industria y Pyme del Ministerio de Industria, presidirá Renfe.
El Ministerio de Transportes ha confirmado sendos futuros nombramientos, que sustituirán a Pardo de Vera y a Taboas tras sus dimisiones por la crisis de los trenes que no entraban en los túneles en Cantabria y Asturias.
Lo más probable es que tanto Lucas como Blanco sean nombrados para sus nuevos cargos por el Consejo de Ministros que se celebra este martes. Fuentes del departamento que lidera Raquel Sánchez explican que con estos ceses el Ministerio espera abrir una nueva etapa tanto en la Secretaría de Estado como en Renfe.
[Renfe y Adif cesan a los responsables de los fallos en los trenes de Asturias y Cantabria]
Pardo de Vera y Taboas han dimitido este lunes de sus cargos después de que hace un mes se conociera que existía un problema en el gálibo entre los trenes que CAF iba a fabricar por encargo de Renfe y los túneles de ADIF en la red de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) en Cantabria y Asturias. Un proyecto que se puso en marcha cuando Pardo de Vera era presidenta del gestor ferroviario.
Por esta polémica Adif cesó el pasado 6 de febrero al titular de su jefatura de Inspección y Tecnología de vía, mientras que Renfe despidió al que era gerente del Área de Gestión de Material de Renfe Viajeros en el momento de la gestación del proyecto de trenes de vía estrecha en Cantabria y Asturias.
El origen del problema se encuentra en los gálibos publicados en la declaración sobre la red de Adif, que Renfe usó para describir las características técnicas de los nuevos trenes en un contrato que publicó en 2019 para adquirir 31 trenes de ancho métrico, destinados a renovar la flota de la red de cercanías y media distancia, principalmente en el norte del país.
En junio de 2020, Renfe le adjudicó este contrato a CAF, fabricante de trenes y autobuses con sede en País Vasco, por 258 millones de euros. Cuando preparaba el proyecto, CAF se dio cuenta de que había un error en los gálibos y que las vías no soportarían los trenes encargados y se lo trasladó a su cliente, Renfe.
Renfe ya ha alcanzado un acuerdo con CAF, Adif y la Agencia de Seguridad Ferroviaria (AESF) para desatascar el problema con los gálibos de los nuevos trenes de ancho métrico.
Tanto Renfe como Adif están llevando a cabo sendas auditorías internas, que se sumará a la que ha puesto en marcha el propio Ministerio. Ambas empresas se han mostrado abiertas a colaborar con "absoluta transparencia" y valorarán sus conclusiones para proceder a los ajustes organizativos de carácter definitivo que se recomienden.
Desde que estallara el escándalo, el cruce de reproches entre Renfe y Adif era la tónica general en este tema. De hecho, según ha publicado EL ESPAÑOL-Invertia, Renfe no atendió a los avisos de la Agencia de Seguridad Ferroviaria ni del fabricante de los trenes, CAF, en los que avisaban del problema. Se trata de documentos elaborados hace dos años y que fueron totalmente omitidos por parte de la compañía de viajeros.
De momento, desde el Ministerio se ha procedido ya a publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una norma que permitirá la aplicación de un método denominado comparativo para el diseño de los nuevos trenes. De este modo, los nuevos convoyes se fabricarán a partir de las medidas de los modelos que circulan en estos momentos por las vías. ¿Objetivo? Evitar nuevos errores y lograr que la demora en la fabricación de los trenes sea la menor posible.
Nuevas medidas
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se ha reunido este lunes con los presidentes de Asturias y Cantabria, Adrián Barbón y Miguel Ángel Revilla, respectivamente, a quienes les ha traslado estos cambios en la organización del Ministerio y les ha comunicado las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en este asunto.
De hecho, la ministra y los presidentes autonómicos han firmado un protocolo en que se contempla serie de iniciativas destinadas a atenuar la consecuencias de la crisis de los trenes y mitigar el impacto que el retraso en la entrega de los nuevos vehículos tendrá en la movilidad de los usuarios de ambas comunidades.
Entre otras medidas, Sánchez ha informado de que se ha acelerado la planificación para construir los nuevos trenes con el objetivo de que este verano esté listo del diseño con el método comparativo. El objetivo es que CAF pueda empezar a fabricar los convoyes a finales de este año o a principios de 2024 y que en los primeros meses de 2026 los nuevos trenes ya puedan estar en circulación.
Asimismo, la ministra ha anunciado que se va a ampliar el pedido de 31 a 38 trenes, el máximo previsto en los pliegos, y se va a llevar a cabo una licitación adicional para ampliar la renovación del parque de vehículos que circulan por esta red.
Mientras todo este proceso se completa, se llevará a cabo una reforma del acondicionamiento de los actuales trenes en circulación para prestar un mejor servicio. En concreto, Sánchez ha apuntado que se mejorará su accesibilidad, su fiabilidad y su interior.
Por otro lado, Sánchez ha destacado el Gobierno concederá financiación a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a Cantabria y Asturias para que puedan establecer las medidas necesarias para mejorar el transporte público en sus respectivas comunidades, entre las que se podría incluirla extensión de la gratuidad de los servicios.
Otras iniciativas son la puesta en marcha de planes para estudiar la mejora del servicio en cuestión de horarios, tiempos o frecuencias o la aceleración de la integración de los núcleos de cercanías convencional y ancho métrico de cara a realizar una oferta integrada que permita a los usuarios viajar con el mismo título de transporte.
Por otro lado, Raquel Sánchez también ha anunciado la creación de la figura de un comisionado que se encargará de la ejecución de todos los planes incluidos en este protocolo firmado por el Gobierno y las comunidades de Asturias y Cantabria.