Los sindicatos van en serio con su huelga para los próximos 24 y 30 de noviembre y 1, 4 y 5 de diciembre, en coincidencia con el Puente de la Constitución. Los representantes de los distintos Comités Generales del Grupo Renfe y de ADIF piden no romper el modelo único de gestión de infraestructuras ferroviarias y temen que éste sea el inicio de la “disgregación de Renfe en 17 empresas pequeñas autonómicas”.

Éste es “uno de los riesgos que se corre si el ejemplo de Cataluña cunde en el resto de regiones” y cada gobierno autonómico reclama la gestión de sus cercanías, según ha afirmado Rafael Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario de Renfe. Para Escudero, este fraccionamiento llevaría a una peor operatividad y al deterioro de las condiciones de de los trabajadores. "Nosotros no nos oponemos a que las competencias recaigan en las comunidades autónomas, pero sí al desmembramiento de la empresa pública", añaden.

Los representantes sindicales han criticado toda la acción del Gobierno durante este proceso. Diego Martín, portavoz del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), ha señalado que el Ministerio de Transportes no les ha tenido nada en cuenta “para un proceso que afecta a 30.000 trabajadores”: “La política ha pasado por encima de la empresa pública”. Martín espera que el Gobierno finalmente se abra a dialogar y permita la participación de los trabajadores.

Seguimiento masivo

Los sindicatos esperan un seguimiento masivo en los paros convocados, aunque los servicios mínimos que están obligados a ofrecer restarán fuerza a la huelga. Pedro Aller, responsable de infraestructuras del Sector Ferroviario UGT, ha criticado la “falta de rigor absoluto desde el punto de vista técnico en todo” lo que el Gobierno ha anunciado: “No se ha mirado cómo se puede realizar técnicamente”.

Los distintos portavoces de los comités de empresa del Grupo Renfe (SEMAF, UGT, CCOO, CGT y SF) y ADIF (CCOO, CGT, SCF y SF) han enfatizado que dividir la gestión de Renfe no mejorará el servicio que se presta a los ciudadanos. La opción de acudir a los tribunales para revocar este acuerdo aún no se ha valorado. "Esto no se arregla poniendo el nombre de Pere Aragonès en la titularidad del servicio. Se arregla paliando las deficiencias en inversión", remarcan.

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En total, este traspaso afectaría a cerca de 4.000 trabajadores (2.500 en Renfe y 1.500 en ADIF) que operan en Cataluña, para los que los grupos sindicales piden que se garanticen sus condiciones laborales.