En primera instancia, Bruselas reconoce que el Gobierno de Pedro Sánchez puede bloquear una operación de este tipo amparándose en motivos de seguridad nacional, como los que esgrime España. Eso sí, siempre que actúe de forma "justificada y proporcional". En todo caso, Sánchez tampoco necesita la autorización previa del Ejecutivo comunitario, que sólo intervendría si el consorcio húngaro presenta una queja, algo que de momento tampoco ha sucedido.

"La prerrogativa para este tipo de decisiones reside en los Estados miembros, así que no tengo ningún comentario concreto en este momento", ha contestado en rueda de prensa la portavoz de Mercado Interior de la Comisión, Francesca Dalboni, al ser preguntada por el veto de España a Magyar Vagon.

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"En línea con los Tratados de la UE, los Estados miembros pueden restringir las libertades del mercado único, como la libertad de establecimiento y la libertad de movimiento de capitales por motivos de seguridad pública. Estas medidas deben estar justificadas y ser proporcionales al objetivo perseguido", ha agregado la portavoz.

"Los Estados miembros no están obligados a informarnos sobre estas medidas (...) La prerrogativa para tomar este tipo de decisiones reside en los Estados miembros y la Comisión no tiene que aprobar de antemano la decisión de España de vetar esta adquisición", ha zanjado Dalboni.

El Ejecutivo comunitario no ha querido entrar a valorar los posibles vínculos del consorcio húngaro con el Gobierno de derecha radical euroescéptica de Viktor Orbán o con Rusia y ha insistido en que de lo que se trata es de aplicar las reglas europeas para compras de empresas. 

"Obviamente, el Tribuna de Justicia (TJUE) es el árbitro último en caso de que haya una queja de alguno de los actores", ha señalado el portavoz de la Comisión, Eric Mamer.