El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al lehendakari Imanol Pradales, en el Complejo de La Moncloa.
Entre Moncloa y Ajuria Enea: así se gestó el asalto de la vasca Sidenor a Talgo
- La operación se ha cocinado entre Madrid y País Vasco.
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Talgo vuelve a sus raíces. El fabricante ferroviario, de origen alavés, se encuentra en una situación delicada debido a la necesidad de un socio industrial que le permita cumplir con las entregas de trenes, sobre todo con Alemania. Tras el desfile de ofertas, finalmente, parece que la vasca Sidenor se llevará el gato al agua (o el tren a la vía, por ajustar la metáfora) y se quedará con el paquete accionarial (o la mayoría de él) del accionista mayoritario de Talgo, Trilantic. Todo en una operación pactada desde hace semanas entre el palacio de la Moncloa y Ajuria Enea.
La complicidad entre el Gobierno central y el vasco está siendo clave para este movimiento. Fuentes solventes aseguran que la operación se ha gestado en las tripas de la Moncloa y que la buena sintonía con el lehendakari está siendo clave.
Se trata de una iniciativa que estaría bajo la supervisión de Manuel de la Rocha, director de Asuntos Económicos en Moncloa y gurú de políticas financieras del Gobierno en los últimos años. De hecho, el propio Pedro Sánchez habría estado facilitando esta operación.
Para ello ha sido fundamental la buena sintonía con el Ejecutivo foral. Cuando hace un mes se reunieron el lehendakari Imanol Pradales y Pedro Sánchez, no sólo hablaron sobre las competencias que el Estado le debería, en virtud del Estatuto de Gernika, a País Vasco. O de las necesidades que el PSOE tiene del PNV en el Congreso para tratar de estabilizar la legislatura. El futuro de Talgo estuvo entre los temas a tratar.
La oferta de Sidenor se ha cocinado entre Moncloa y Ajuria Enea. Y hay numerosas razones para ello. El Gobierno ha dejado claro que considera Talgo una empresa estratégica. Pero, al mismo tiempo, el fabricante ferroviario tiene una importante necesidad de un socio industrial que le permita potenciar su capacidad de fabricación.
Por otro lado, el Ejecutivo vasco busca el equilibrio de una empresa que significa empleo y estabilidad económica para la región, en donde Talgo tiene una planta de fabricación. De ahí que, en las últimas semanas, se haya espoleado el movimiento de Sidenor, en connivencia con Moncloa, claro.
La entrada en la timba por Talgo de la empresa de José Antonio Jainaga no ha sido mal recibida por el accionariado de la compañía (aunque está por ver cuál es la oferta por acción). Ayuda que cuente con el respaldo entusiasta del Gobierno.
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Dicho apoyo es clave. La posibilidad de Escribano no convencía en Moncloa (no tenía capacidad industrial), la opa de Magyar Vagon ni se consideró (fue vetada por motivos de Seguridad Nacional) y la oferta de Skoda de fusión era considerada, prácticamente, un mal menor, aunque el accionariado de Talgo ya la ha rechazado.
En cambio, Sidenor cumple con todos los requisitos, como ser de capital nacional y aportar capacidad industrial (y suelo industrial, si es necesario ampliarla). Y, además, se gana cercanía y complicidad con el PNV, que en el campo político no viene mal.
Moncloa apuesta por mantener una estrategia que ya inició con Telefónica, que es introducirse mediante la SEPI en empresas que considera estratégicas para el país. Y es algo que va a hacer en el caso de Talgo, en donde va a contar con la compañía también del ejecutivo vasco.
No hay que olvidarse tampoco de Criteria Caixa, que todavía no ha movido ficha. El holding inversor catalán todavía no ha decidido si será parte de este movimiento empresarial a múltiples bandas. Aunque se cumplen dos condiciones que Criteria había reclamado: un socio industrial y el apoyo explícito del Gobierno.
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Además, la participación del Ejecutivo central en Talgo puede ser clave para lidiar con el problema más inmediato que tiene la compañía: una cartera de pedidos, que supera los 4.000 millones de euros, que acumula retrasos.
Unas demoras que afectan especialmente a Alemania y Dinamarca, con encargos por valor de 2.100 euros. Sus ejecutivos ya están pidiendo responsabilidades y se espera que el Gobierno de España, como accionista a través de la SEPI, actúe para enfriar un eventual conflicto y atenuar sanciones.
