Las empresas españolas destinaron 6.900 millones de euros a los gastos por incapacidades temporales en 2018. Se trata de un aumento del 9,67% con respecto al año anterior y la mayor cifra en los últimos cuatro años. Los datos corresponden al informe El absentismo derivado de la Incapacidad Temporal por contingencias comunes -bajas no relacionadas con accidentes laborales- elaborado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Amat).

Desde Amat están convencidos de que se pueden tomar medidas que reduzcan este gasto y que, en definitiva, contribuyan a mejorar la competitividad para las empresas. Pero el sector empresarial no es el único afectado. De las incapacidades temporales se deriva que se dejaran de producir bienes y servicios por valor de 70.741 millones de euros, el 5,86% del PIB nacional.

En el entorno laboral, según datos de Adecco, el 27% de las horas pagadas y no trabajadas correspondieron en 2017 (datos más recientes) a incapacidades temporales. El mismo informe señala que la tasa de absentismo se sitúa en el 5%, su máximo histórico.

“Los costes del absentismo laboral son un claro factor de competitividad y de eficiencia que condicionan la sostenibilidad y el crecimiento, con lo que resulta obligado avanzar en medidas eficaces que contribuyan a la racionalización del gasto que se deriva de estas situaciones y a suprimir los costes innecesarios, económicos y sociales que están siendo asumidos por parte de las Empresas y los Trabajadores que contribuyen a la Seguridad Social”, describe Pedro Pablo Sanz, director gerente de Amat.

Sensibilizar a los profesionales sanitarios

Para empezar a tomar medidas, la CEOE se ha puesto a trabajar. De momento, lo ha hecho con discusiones y propuestas internas, pero el objetivo es el de concienciar a los médicos sobre el perjuicio que causan las incapacidades temporales a la economía.

Así, según ha podido saber este periódico, la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales prepara un documento para llevar a la Junta Directiva y que esta elija si llevar a cabo o no actividades de “sensibilización” junto a los profesionales sanitarios. De esta forma, la patronal busca ejercer presión sobre los médicos a través de jornadas y reuniones en las que se den a conocer los costes derivados de las bajas.

Desde Amat consideran que “es necesario continuar avanzando en la adopción de medidas de contención y reducción de las repercusiones de la Incapacidad Temporal, especialmente por Contingencias Comunes, lo que redundaría en una mejora de la competitividad para las empresas, que son quienes financian las prestaciones, y, por ende, para las cuentas de la Seguridad Social y la economía española”.

Por esa razón, proponen dos medidas. La primera, “que las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social pudieran emitir altas médicas en los procesos de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC), del mismo modo que históricamente vienen haciéndolo para los procesos derivados de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales”.

Por otra parte, “que las Mutuas tuvieran la posibilidad de prestar asistencia sanitaria, simplemente con el consentimiento del trabajador, sin necesidad de la autorización del Servicio Público de Salud, y pudieran dar el alta en los procesos de ITCC, al menos de patologías traumatológicas”, patologías en las que se consideran “expertas” porque “son las que tratan con mayor frecuencia”.