Desde 2015, los laboratorios farmacéuticos asociados a Farmaindustria se comprometen a devolver a la administración la diferencia entre el gasto público en medicamentos y el crecimiento del PIB real. Sin embargo, el acuerdo tiene fecha de caducidad y tras una prórroga aprobada en abril, termina el próximo diciembre.
La patronal de la industria farmacéutica cuenta con renovar este convenio que considera “un compromiso del sector con la sostenibilidad del sistema”. Sin embargo, pone dos condiciones: que los genéricos también tengan que abonar la diferencia -ya que hasta ahora solo se incluye a medicamentos de marca- y que se calcule la cantidad a pagar en relación al PIB nominal, es decir, que tenga en cuenta la inflación.
El presidente de Farmaindustria, Martín Sellés, justifica estas peticiones y explica que “es lógico que todos (genéricos y medicamentos de marca) estemos comprometidos con la sostenibilidad del sistema”. En esta línea, señala que los medicamentos innovadores, es decir, que mantienen su patente, suponen el 65% del gasto farmacéutico, mientras que el otro 35% corresponde a los genéricos, biosimilares, distribución y oficinas de farmacia.
Sellés insiste en que “el nuevo convenio debería tener en cuenta las inversiones que tienen” las farmacéuticas “en nuestro país y que ayudan a que nuestra economía sea más competitiva”. Según datos de Farmaindustria, los laboratorios suponen el 21% del I+D industrial en España.
Renovación “en funciones”
Farmaindustria es reacia a contestar con “sí” o “no” sobre si se prorrogará el convenio actual si no se incluyen sus peticiones. Pero el escenario político complica que sea de otro modo. Tras las elecciones del próximo domingo todo parece indicar que vendrán semanas de negociaciones que alargarán la siguiente investidura y que complican las negociaciones entre un Gobierno en funciones y la industria farmacéutica.
El secretario general de Farmaindustria, Humberto Arnés, apunta que tendrán “que esperar a tener un nuevo gobierno, a saber qué personas van a dirigir los Ministerios”. Sin embargo, añade que las peticiones de la industria “no van a sorprender a nadie” porque cree que “un sector tan innovador” como el farmacéutico lo mínimo que puede pedir es que se le deje crecer en línea con el PIB nominal.
Plan de biosimilares y genéricos
Ante este escenario, recientemente el Ministerio de Sanidad ha publicado un Plan de biosimilares y genéricos que pretende impulsar a estos medicamentos. Otra piedra en el zapato para la negociación del convenio con Farmaindustria ya que consideran que “un sector consolidado como el de los genéricos, no necesita mayor impulso en España”.
Desde la patronal de la industria farmacéutica consideran que “el Plan parte de un enfoque incorrecto” y es que “afirma que los genéricos habrían perdido cuota de mercado en los últimos años”. Sin embargo, los genéricos se han establecido en alrededor del 40% de la cuota de mercado y según Sellés, lo que debería observar el Ministerio es “cuánto representan en el mercado los fármacos a precio de genérico”. El motivo es que en España los medicamentos originales están obligados a reducir su precio cuando caduca la patente.
En esta línea, Farmaindustria apunta que las “medidas de fomento de genéricos pueden distorsionar la competencia sin producir ahorros al Sistema Nacional de Salud”. El presidente considera que “el Plan puede poner en riesgo la continuidad de las compañías nacionales innovadoras y destruir el tejido industrial”. Una amenaza de un sector que exporta por valor de 11 millones de euros y que tiene una producción por valor de 15.200 millones de euros.
Según el crecimiento de la economía española en 2018, Farmaindustria debe devolver alrededor de 150 millones de euros. Se trata de una previsión y todavía no es una cifra cerrada.