Aunque las Administraciones Públicas tienen mucho que mejorar en términos de eficiencia, posiblemente en sanidad sea uno de los ámbitos en los que más se ha avanzado. España puede presumir de ser uno de los países donde más eficiente es la sanidad pública, entre otras cosas, por sus sistemas de precios de los medicamentos y de las vacunas. Pero esta ventaja se puede volver en su contra.

A día de hoy, las Administraciones Públicas invierten en vacunas, en términos generales, una cifra muy similar al que tenían hace una década -de ahí que se gasten solo unos 270 millones de euros anuales en vacunas gracias a la progresiva reducción de precios, a pesar de financiar nuevos productos-.

Un gasto que se logra gracias a los concursos públicos a escala nacional y a las correspondientes centrales de compras que organiza el Ministerio de Sanidad a las que se han adherido la mayoría de las autonomías. Una organización con la que se ha logrado rebajar el precio año tras año.

De hecho, en 2020 se van a mantener los precios de las vacunas y se podría prorrogar el correspondiente concurso hasta 2021. Esto no es posible para los antígenos de la gripe, por las propias especificidades de este virus: hay que renovarlos año tras año.

La paradoja

Pero, paradójicamente, lo que parece una mejora de la eficiencia de la Administración Pública puede acabar convirtiéndose en un problema. Y es que fuentes del sector sanitario admiten que España, en caso de haber problemas de abastecimiento, sería uno de los países que quedaría en último lugar para recibir las vacunas que no hubiera contratado previamente.

Lo cierto es que esta es la peor de las consecuencias y tiene que ver con varios elementos. El primero, la propia fabricación de las vacunas. Son un producto biológico, es decir, que se elabora con organismos vivos. No se pueden producir sobre la marcha, como si se tratara de un paracetamol, una aspirina o cualquier otro medicamento de síntesis química.

Concretamente, para hacer una vacuna es necesario contar con un mínimo de medio año, que llega a 22 meses en algunos casos. Por ello, si se produjera algún tipo de pico epidemiológico, las empresas productoras no pueden abastecer nuevos pedidos no contratados porque cuando se hacen se van al vagón de cola.

Priorización

Sin embargo, hay más. Según indican fuentes del sector de las vacunas, la priorización de esta demanda suplementaria, cuando surgen situaciones que provocan que exceda la oferta, se hace por el precio que pague la correspondiente administración pública por el producto.

Es decir, quienes menos pagan son abastecidos más tarde que los que más pagan. 

Estas son las razones que provocan que España vaya siempre al final de la cola cuando se dan estas situaciones. Y es que con los concursos públicos de vacunas, igual que con los de medicamentos, no se 'amarra' una cantidad de dosis concreta sino un precio. De ahí que el abastecimiento no esté asegurado.

Hay varios casos en los que esta situación se ha dado en los últimos años, sobre todo por brotes epidemiológicos de tos ferina y sarampión.  

Preocupaciones de futuro

En el caso de las vacunas, además, la competencia por precios es muy difícil. Hay escasos productores y los precios ya son extremadamente ajustados, según indican desde el sector, en donde expresan un temor añadido.

Y es que alertan de que la actual situación es difícilmente sostenible. Aunque las vacunas nuevas tienen precios que describen como razonables, las más antiguas no.

De ahí que teman que sus empresas limiten todavía más la producción de determinados antígenos en el futuro, lo cual perjudicaría todavía más el abastecimiento de estos productos sanitarios.