La pandemia de coronavirus ha provocado que el sanitario se convierta en un sector clave del tejido productivo español como suministradores de todo tipo de materiales y servicios fundamentales para frenar la evolución de la crisis. Sin embargo, al mismo tiempo, son las empresas más maltratadas por los gestores de la sanidad en España, las comunidades autónomas. Tanto que el 72% de la deuda comercial regional es sanitaria.
Así lo indican los últimos datos del Ministerio de Hacienda. Según la información disponible, las comunidades autónomas deben 3.180,45 millones de euros a las empresas sanitarias, una cantidad que representa el 71,79% del total de la deuda comercial. El dato es de febrero así que el impacto de la crisis sanitaria todavía no se ha dejado notar.
Cabe recordar que estas empresas son tanto proveedores de productos, tecnología sanitaria y medicamentos, como de servicios. Este es el caso de los conciertos con farmacias y con la sanidad privada, que a lo largo de la crisis han desarrollado una importante actividad de apoyo al sistema público en el combate del coronavirus.
Sin contraprestación
A pesar de ello, todavía no se ha pactado ninguna contraprestación para los centros privados, que se asoman a la bancarrota debido a que toda su actividad asistencial quedó en suspenso por el estado de alarma y el confinamiento de la población. Solo en Cataluña ha habido avances en la negociación.
Pero no son las únicas empresas sanitarias a las que el coronavirus puede conducir a una situación delicada. Los suministradores de productos y tecnologías para la salud temen las tensiones de tesorería que la pandemia ha provocado en las comunidades autónomas, que a su vez se pueden traducir en un mayor retraso en los pagos a estas empresas
Plazos de pago prolongados
De hecho, el de los retrasos en los pagos también es un mal endémico en el sector sanitario. Aunque el plazo máximo de pago que marca la ley para las Administraciones Públicas es de 30 días, en el caso de estas empresas se vulnera este periodo, que supera los 42 días.
La región que más tarda en pagar a su proveedores sanitarios es Castilla-La Mancha. La autonomía que preside Emiliano García-Page dobla el plazo legal y no abona sus facturas hasta 65 días más tarde. Le sigue, en una proporción de incumplimiento similar, Aragón (61 días) y Castilla y León (60 días).
Con todo, estas cifras apuntan a ser un aperitivo de las que se podrán ver a lo largo de este 2020. Las esperanzas de las empresas sanitarias están en que las líneas de liquidez activadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para las regiones permitan que los retrasos no condenen al sector.