La pandemia del coronavirus ha puesto en jaque a todo el Estado del Bienestar de España, tanto en el ámbito sanitario como en el social. El drama ha sido especialmente extremo en las residencias de ancianos.

Todavía se desconoce el número exacto y oficial de fallecidos en estos centros, aunque la cifra superaría ampliamente los 17.000 muertos, según las aproximaciones que se están haciendo a través de los datos revelados parcialmente por las autonomías.

Por ello, el Ejecutivo ha decidido tomar cartas en el asunto y generar unos baremos de calidad mínimos que estos centros tendrán que cumplir y controlar para que esta situación no vuelva a ocurrir.

Así lo indican fuentes cercanas a la vicepresidencia de Gobierno de Derechos Sociales y Agenda 2030 que lidera Pablo Iglesias. Los planes se centran en generar un 'suelo' de calidad, funcionalidad y servicios que tendrán que cumplir todas las residencias de ancianos en España para mantener su actividad.

Se trata de una especie de ‘cartera común de servicios’ como la que ya hay en la asistencia sanitaria nacional -que obliga a todas las regiones a asegurar un mínimo de servicios y de calidad-, pero aplicada a este sector social.

¿Intervención pública?

Estas fuentes aclaran que con esta idea no se plantea centralizar las competencias sobre las residencias de ancianos, que están en manos de las regiones, sino generar unos criterios y condiciones que supongan un ‘suelo’ común a respetar por todas las comunidades autónomas.

Por otro lado, afirman que aunque es cierto que los planes del Gobierno son priorizar la gestión pública de estos centros, no se plantean desprivatizar, ‘nacionalizar’ o intervenir el sector de las residencias de la tercera edad en cualquier grado.

Algo que sería harto complicado, en cualquier caso. El negocio es principalmente privado y su gestión supondría, hoy por hoy, una tarea difícilmente asumible para las Administraciones Públicas.

Más allá de las numerosas camas que las comunidades autónomas (las administraciones competentes en esta cuestión) tienen concertadas con las empresas de este sector, el 71% de las 5.417 residencias de ancianos que hay en España es de titularidad privada.

Por plazas, la imagen es similar. Según el último informe publicado al respecto por la plataforma ‘Envejecimiento en Red’ del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el 73% de las 372.985 plazas en residencias de la tercera edad es privado.

Primeros pasos

Los primeros pasos para plantear esta idea se están dando en el Congreso de los Diputados. Unidas Podemos, que ocupa la pata social del Gobierno y que aplicaría el supuesto ‘control’ sobre las residencias, ya ha puesto sobre la mesa que esta cuestión se debe tratar en la Comisión de Reconstrucción que se crea esta semana.

Cabe recordar que esta medida supondría para Unidas Podemos retornar a la hoja de ruta de sus políticas sociales, que ha tenido que quedar aparcada por la urgencia a las que ha obligado la crisis del coronavirus.

Hasta entonces, una de las principales ambiciones de los morados era la de darle un importante empujón financiero a las políticas de dependencia y a la aportación del Estado a estas prestaciones, que en este año se planteaban reforzar con varios cientos de millones de euros.