La crisis del Covid-19 también ha pasado por la sanidad privada. A los esfuerzos que en muchas comunidades tuvieron que hacer estos hospitales y centros sanitarios, se suma la reducción de actividad en otras áreas terapéuticas provocado por la priorización del coronavirus y el bajón asistencial. ¿El resultado? Según la patronal del sector, ASPE, una caída de la facturación de más del 60% durante marzo y abril respecto a los meses anteriores.
Esto en el caso de los hospitales. En los centros sin internamiento la reducción del negocio ha sido todavía más dramático, del 85% según los datos de ASPE. Y todo ello a pesar de que la sanidad privada ha tenido que mejorar y aumentar sus inversiones en los últimos tres meses. Concretamente, el 89% de los centros aumentó su plantilla por la demanda asistencial. En términos generales, el cómputo de profesionales sanitarios ha crecido un 10%.
A ello se suma que las empresas ya han gastado un 71% más en productos sanitarios en lo que va de año que en topo 2019. Cómo no, el incremento de precios de algunos de estos insumos, como las mascarillas (cuyo coste subió más de un 1.000%), se encuentra también entre las causas. Cabe recordar que este sector tuvo que mantenerse 'abierto' al ser considerado actividad esencial.
Consultas en la 'nueva normalidad'
Mientras, en la 'nueva normalidad', el impacto del Covid-19 también se nota: las consultas se han quedado en un tercio de lo que eran antes de la pandemia. En este escenario, la estimación de la patronal es que cerca de 2.400 centros sanitarios sin internamiento se verán abocados a cerrar en esa situación.
Parte del problema es que las regiones todavía no han decidido cómo se va a compensar a la sanidad privada por su acción en el Covid-19 (el 16% de los pacientes se atendieron en estos centros). Solo Cataluña ya ha llegado a un acuerdo con el sector para abordar esta cuestión.
Con todo, según la patronal, las negociaciones avanzan, “con distinto grado de progreso”,en Madrid, Murcia, Canarias, Galicia, Andalucía, País Vasco, Castilla y León, Baleares, La Rioja, Navarra y Valencia.
Por otro lado, el Ministerio de Sanidad se comprometió a dar una respuesta al sector de aprobar medidas fiscales y de liquidez, sin embargo, esto no ha sucedido aún.
Por ello, la patronal ya ha solicitado un dictamen jurídico sobre la responsabilidad patrimonial del Estado tanto por la atención de pacientes de Covid-19 como por la puesta a disposición de recursos asistenciales ante el mando único y las autonomías.