El 1 de abril de 2018 la Generalitat de la Comunidad Valenciana, de la mano de la por entonces consejera de Salud y posteriormente ministra de Sanidad, Carmen Montón, puso fin al modelo Alzira, uno de los ejemplos de colaboración público-privada más importantes de España en el ámbito de la sanidad. Hasta entonces, la empresa Ribera Salud gestionaba la atención sanitaria de unas 220.000 personas en el área valenciana de La Ribera, dando cobertura a casi una treintena de municipios incluyendo Alzira y su hospital. 

Sin embargo, según los datos, la reversión de esta fórmula para que La Ribera cuente con una gestión sanitaria 100% pública ha resultado un fiasco. El gasto tanto en personal como en medicamentos y productos sanitarios se ha disparado y las listas de espera han aumentado en casi un mes.

Así lo indican los datos correspondientes a 2017 (último año completo en el que la sanidad de La Ribera estuvo en manos privadas) en comparación con los de 2019 (primer año completo de gestión 100% pública), según los informes de evolución del gasto y coste de la Dirección General de Régimen Económico e Infraestructuras de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de Comunidad Valenciana.

Así, mientras que el gasto en personal fue de 113 millones de euros en 2017, en 2019 subió a los 172 millones, es decir, supuso un 52,2% más. Y los incrementos salariales de 2018 (del 0,25%) y 2019 (2,25%) no explican esta abrupta alza de esta partida.

En cambio, sí lo hace el importante aumento de los recursos sanitarios en este área sanitaria. Desde que fue retomada por la gestión pública, se ha contratado a unos 806 profesionales, lo cual supone un incremento de estos recursos humanos del 39%.

Gasto en medicamentos

También se observa una importante diferencia en insumos sanitarios. En 2017, el gasto en farmacia y material sanitario se quedó en 43 millones. En cambio, en 2019 los fondos destinados a estos suministros tuvieron que subir a los 60 millones, unos 17 millones de diferencia que supusieron un 39% más.

¿Cuál es la causa? Los datos indican que no se debe a un abrumador ascenso del consumo, sino que más bien se debe a los precios que piden los proveedores. De hecho, según ha podido saber Invertia, hay suministradores que están cobrando a la Generalitat el doble por determinados productos respecto a lo que en su momento pagaba el gestor privado, Ribera Salud.

Es decir, que, en términos generales, la reversión de la ‘desprivatización’ de la gestión del área de salud de la Ribera está suponiendo un sobrecoste de, al menos, 76 millones. ¿Está teniendo esta cantidad un impacto positivo en la atención al paciente? Lo cierto es que no.

El tiempo medio de las listas de espera, en enero de 2018, a solo unos meses de la ‘reversión’,era de unos 57 días en La Ribera. En enero, esta demora llegaba a los 78 días. Es decir, que las listas de espera han aumentado 21 días. De hecho, los pacientes que esperan más de 90 días se han triplicado.

Además, se está produciendo una importante derivación a centros privados de pruebas diagnósticas, algo que antes de reversión no se había producido.

En resumidas cuentas: respecto al sistema de gestión privada que existía hasta el 1 de abril de 2018, el gasto por persona en el área de La Ribera ha subido, al menos, unos 346 euros. El problema es que esta cantidad ha servido para incrementar plantillas y costes pero no para mejorar la atención sanitaria de los pacientes, como demuestra que las listas de espera se hayan alzado casi un mes.