La pandemia del coronavirus ha revelado la precaria situación de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS). Como reveló Invertia, España sufre un déficit de 11.000 médicos especialistas como mínimo. Sin embargo, la situación es todavía peor en el caso de las enfermeras, puesto que las necesidades sin cubrir en la sanidad pública son aún mayores en un momento en el que la Covid-19 ha disparado la demanda de estas profesionales.
La situación de partida ya era negativa sin coronavirus de por medio. Según los datos del Consejo General de Enfermería, España solo cuenta con seis enfermeras por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de la media de los países de la OCDE, que es de 10 enfermeras por cada 1.000 personas.
Así, las necesidades de personal enfermero en el SNS eran urgentes ya antes de la pandemia. Un estudio elaborado por el sindicato de enfermería Satse (el más representativo en este colectivo) afirma que España necesitaría, en el sistema público, al menos 87.890 profesionales más para garantizar la seguridad de los pacientes, de las que 15.500 tendrían que ser para Atención Primaria.
Una enfermera realiza de una prueba PCR en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).
Sin embargo, este cálculo de necesidades varía inevitablemente por la Covid-19, que ha potenciado la importancia de estas profesionales. De nada sirve contar con camas de UVI para enfermos de coronavirus si no hay enfermeras que las atiendan.
Además, según fuentes del sector sanitario, las enfermeras se han convertido en un recurso escaso y difícil de contratar. La competencia para hacerse con sus servicios ha crecido en los últimos meses. Además de la sanidad pública y la privada (que ha aumentado los emolumentos de estas profesionales en los últimos años para retenerlas), centros escolares y empresas también están 'fichando' enfermeras para facilitar el control y el abordaje de posibles brotes.
Precariedad y éxodo
Al igual que ha ocurrido con los médicos, la precariedad de los contratos en España (temporales) y los exiguos sueldos que cobran las profesionales españolas respecto a sus homólogas en otros países europeos (entre 1.400 y 1.500 euros mensuales en la sanidad pública patria respecto a los alrededor de 2.500 euros de Alemania, por ejemplo) han provocado el ‘éxodo’ de las enfermeras formadas en nuestro país.
“Son muchos los hospitales que están desesperados porque necesitan contratar enfermeras para poder dar respuesta a la pandemia por Covid-19, pero no lo consiguen porque no hay enfermeras en paro y las bolsas de empleo están completamente agotadas”, ha admitido Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.
Una enfermera reparte las hojas de consentimiento entre los profesores de la fila.
Para paliar este déficit el propio Consejo, en asociación con la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), ha propuesto al Ministerio de Sanidad que las enfermeras tengan un régimen de compatibilidad absoluta para el libre ejercicio de la asistencia sanitaria entre el ámbito privado, concertado y público mientras dure la pandemia.
Así, las enfermeras podrían prestar servicios en centros de la sanidad pública, concertada y privada de manera simultánea. “Si se adoptase esta medida sería posible paliar, al menos en parte, esta escasez de enfermeras, evitando, además, la competencia en la captación de profesionales”, ha subrayado Pérez Raya.
Cónclave por los Recursos Humanos
El Ministerio de Sanidad es consciente de esta problemática, aunque las previsiones de recursos humanos con las que cuenta se han quedado anticuadas. El último informe sobre necesidades de personal de Enfermería del SNS se revisó hace ocho años. Desde entonces, el Gobierno no ha hecho o encargado nuevos cálculos al respecto.
Precisamente esta cuestión y también la escasez de médicos se abordan en la Comisión de Recursos Humanos (RR. HH.) del SNS que se celebra este lunes. En el cónclave se abordará también la petición de regiones como Madrid y Andalucía de que Sanidad facilite el ‘fichaje’ de cientos de médicos extracomunitarios.
La fachada del Ministerio de Sanidad, en Madrid.
Los profesionales médicos no entienden esta reclamación. Jerónimo Torrente, tesorero del Consejo General de Médicos, recuerda que España cuenta con alrededor de 8.000 médicos aspirantes a hacer la residencia (el MIR) y que no lograron las notas mínimas en el correspondiente examen, pero que están perfectamente habilitados para ejercer la medicina. “Hay alternativas disponibles y a esta gente se le puede rescatar”, asegura.
En cualquier caso, si se tuvieran que acelerar los procesos de homologación, avisa de que sería necesario dotar de más recursos humanos y técnicos a los ministerios de Sanidad y Universidades, que se encargan de este trámite.
Torrente informa de que, de media, se homologan en España entre 4.000 y 5.000 títulos de grado de médicos extracomunitarios en nuestro país al año.