La exclusiva de Invertia de que el Gobierno está valorando suprimir la exención del IVA que tienen ahora mismo la sanidad y la educación privadas ha causado inquietud en el sector sanitario.

Concretamente, la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ha pedido al Ejecutivo que reconsidere esta medida, "que supone un ataque contra un sector generador de riqueza y que pone en jaque al sistema sanitario global".

En este sentido, alerta del "probable trasvase al sector sanitario público de miles de asegurados que pagan una doble cobertura, y de cientos de miles de consultas, pruebas e intervenciones que ahora estas personas realizan en la sanidad privada".

Espíritu de la UE

Por otro lado, en un comunicado, el Instituto avisa de que "la eliminación de los beneficios fiscales de la sanidad privada va en contra de los criterios establecidos por la Unión Europea", excepto Grecia. 

Asimismo, contradice el último informe de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) que alerta de los perjuicios de eliminar dicha exención al IVA.

Tal como estima este informe, aunque esta medida de entrada aumentaría la recaudación de las Administraciones públicas, generaría costes superiores a esos ingresos al tener que financiar el sistema nacional de salud una parte de los servicios que ahora asume la sanidad privada. Así el resultado sería negativo para las arcas públicas, como ya contó este periódico. 

Además, el IDIS se muestra "sorprendido" por un planteamiento que "ataca indiscriminadamente a un sector que emplea en España a 269.515 profesionales, que está desempeñando un papel imprescindible durante la crisis de Covid-19 gracias a sus recursos (458 hospitales con 51.212 camas) y que genera riqueza: el gasto sanitario privado representa el 29,5% del gasto sanitario total y supone el 3,3% del PIB (esta cifra incluye el gasto destinado a conciertos que es del 0,7%)".

Seguro privado

Según el Instituto, unas 8,7 millones de personas tienen un seguro privado complementario en España, lo que implica un ahorro estimado mínimo de 5.000 millones de euros para el sistema público que podría sobrepasar los 11.000 millones en el caso de un uso intensivo de los servicios aportados por la sanidad privada.

Pero, además, hay que recordar que el sector privado lleva a cabo el 30,5% de las intervenciones quirúrgicas (1,6 millones) de las intervenciones quirúrgicas, registra el 23,5% (1,3 millones) de las altas y de los ingresos y atiende el 24,5% (7,3 millones de las urgencias) en todo el territorio nacional. "Por tanto, una medida como esta tendría un impacto muy relevante de sobrecarga asistencial y presión financiera al sistema".

Las consecuencias de que el sector sanitario privado reduzca su actividad debido a medidas como la mencionada, se darían tanto en el ámbito económico y en el ámbito asistencial, donde el SNS tendría que hacer frente a una sobrecarga muy importante reduciéndose así, como ya se ha dicho, la accesibilidad.