Tirón de orejas de la AIReF a los hospitales públicos: pide más gasto en tecnología y ahorro en medicamentos
Recomienda que parte de lo no gastado con biosimilares revierta, de manera directa, en los profesionales o los centros que los incentiven.
1 octubre, 2020 13:52Noticias relacionadas
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Este martes la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha presentado uno de los estudios más esperados de la ‘segunda ola’ de su análisis del gasto público, el que corresponde al gasto de los hospitales públicos. En él se dan varios tirones de orejas a la sanidad española y su gestión, tanto por la falta de inversión en tecnología como por el escaso ahorro en farmacia.
Por un lado, tal y como ha hecho la patronal Fenin, la AIReF ha alertado de la obsolescencia de la tecnología sanitaria española. El ente alerta de que España muy por debajo de la media europea en cuanto a equipamiento hospitalario, algo que también ocurre si se traslada el análisis a la OCDE.
Según la AIReF, renovar los equipos (que incluyen mamografías o radiodiagnóstico, entre otros) costaría unos 608 millones de euros. Además, habría que sumar una inversión de 250 millones anuales para mantener el parque tecnológico renovado.
Para ello, el ente reclama no supeditar esta planificación estratégica a la disponibilidad de fondos y fomentar estrategias de dotación y trabajo en red a nivel regional y nacional.
El informe recomienda además que el sistema hospitalario español debe digitalizarse y ponerse al día en nuevas tecnologías. Las lagunas son también importantes en este plano.
Inversión en TIC
Por ello, se apuesta por la automatización y la centralización de los servicios hospitalarios o de la farmacia hospitalaria. Para ello, la AIReF apunta que habría que llevar el gasto sanitario en tecnologías de la comunicación y de la información (TIC) a la media europea, que está entre el 2% y el 3% del gasto sanitario total.
Esto supondría alzar la inversión actual en España entre un 64% y un 273%, sumando desde 449 millones de euros hasta 1.021 millones a los actuales 695 millones que hay para TIC en sanidad.
La AIReF también se ha mostrado crítica con el escaso uso que hacen los hospitales españoles de determinadas herramientas de ahorro. Ha hecho hincapié en los medicamentos biosimilares, fármacos biológicos que tienen la misma indicación y uso que sus productos de referencia.
Sin embargo, la falta de coordinación en este campo provoca ineficiencias en muchos centros por no recurrir a ellos. Por eso la Autoridad considera que hay apoyar su incentivación, algo que pemitiría unos ahorros anuales de 950 millones.
Para ello propone la estrategia que se ha empleado en Francia. En el país galo se incentivó el uso de los similares haciendo que parte de los ahorros conseguidos con su uso se revirtiera, directamente, en los profesionales o los centros que los incentivaran. Aunque para ello, avisan desde el ente, habría que hacer retoques legales.
Estos retoques legales también serían necesarios para mejorar la atención farmacéutica al paciente externo. La AIReF alerta que el número de pacientes que van exclusivamente a los hospitales a recoger su medicación se ha multiplicado en el último año, y ya llega al millón de personas.
Aunque la gestión y adquisición de los productos debe seguir haciéndola la farmacia hospitalaria, la Autoridad apuesta por mejorar el acceso, también con los cambios legales que sean necesarios para ello.
En este sentido, apuesta por sistemas de dispensación domiciliaria, por otros centros públicos como los de Atención Primaria o por las oficinas de farmacia para entregar los medicamentos hospitalarios a los pacientes que lo necesiten, una cuestión que se permitió durante lo peor de la pandemia del coronavirus.
Entre las 25 propuestas de mejora de la AIReF también se encuentra evitar las múltiples evaluaciones públicas del uso de medicamentos que se hacen en nuestro país y que se centralicen y unifiquen, así como fomentar la transparencia de la compra pública de medicamentos en los centros hospitalarios. Según el ente, un 30% se hace sin seguir los dictados de la ley de contratación pública, sobre todo en lo que se refiere a transparencia.