España es uno de los países europeos con las tasas de vacunación más altas. A pesar de esta concienciación sobre los beneficios de los antígenos, una parte de la población no tiene claro si se vacunará de la Covid-19. De hecho, el 43% de los españoles asegura que no lo hará inmediatamente cuando se tenga la vacuna, según el barómetro del CIS de octubre. Sin embargo, España tiene base legal para hacerla obligatoria.

“La Constitución (artículos 15 y 43) defiende el derecho a la vida y a la integridad física y establece que corresponde a los poderes públicos la preservación de la protección de la salud, a través de medidas preventivas”, explica a Invertia Pablo Montalvo, responsable del área Jurídico-Contenciosa en De Lorenzo Abogados. En este sentido, “podemos entender que, a la vista de dicha situación, se podría hacer la vacunación obligatoria, como medida para la defensa de la salud colectiva”.

En nuestro país, la vacunación no es obligatoria. Ofelia De Lorenzo, socia-directora del despacho al que pertenece Montalvo y vicepresidenta primera de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), recuerda que “la Ley 41/2002, Básica de Autonomía del Paciente reconoce el principio de autonomía de la voluntad, el derecho de aceptar o de rechazar un tratamiento o actuación sanitaria”.

Sin embargo, coincide con Montalvo en que no es necesario buscar instrumentos legales para la vacunación obligatoria, ya que la Constitución defiende que “corresponde a los poderes públicos preservar la protección de la salud tanto individual como colectiva”.

Precisamente es esta dimensión colectiva la que “constituye título constitucional habilitante y suficiente para imponer obligaciones a colectivos -como el sanitario-, en el propósito suficientemente justificado de la defensa de la salud colectiva, como es el caso de la Covid-19”, ha añadido De Lorenzo.

Además de la Constitución, Montalvo ha explicado que existen leyes que prevén la posibilidad de imponer la vacunación obligatoria. Por un lado, “la Ley 22/1880 nos recuerda la posibilidad de que las autoridades sanitarias impongan la vacunación obligatoria en una serie de supuestos”.

Igualmente, “la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de estados de alarma, excepción y sitio, establece en su artículo 12 que el Estado podría imponer medidas para luchar contra enfermedades infecciosas”, ha añadido Montalvo.

Apoyo de la Justicia

Es cierto que en España existe una base legal para poder imponer la vacunación obligatoria de la Covid-19. Sin embargo, Ana M. Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, ha matizado que “solo con las leyes no es suficiente, habría que introducir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.

En este sentido, Carmona ha explicado que este organismo “exige la autorización judicial cuando se ponen en marcha medidas que suponen privación o violación de los derechos fundamentales”. El Tribunal Constitucional “lo permitirá si hay un fin legítimo, como es la protección de la salud; si tiene base legal, como es este caso, y si la medida es proporcional”.

Sobre la base legal para hacer obligatoria la vacunación de la Covid-19, Carmona ha especificado que la Ley Orgánica 3/1989 autoriza a las autoridades sanitarias a, en caso de necesidad de proteger la salud pública, adoptar las medidas que prevé la ley.

“Cuando hay indicios racionales de que existe un peligro para la salud de la población, se pueden tomar medidas incluso en contra de la voluntad de las personas, en este caso, la vacunación”, ha concluido la catedrática.

Debate

En los últimos meses, se ha puesto en duda la seguridad y eficacia de las vacunas que se están investigando frente a la Covid-19 y la población española no tiene claro si se vacunará cuando estas estén disponible.

Según los resultados del barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 43,8% de la población no se inmunizará inmediatamente cuando se disponga del antígeno de la Covid-19. Este porcentaje es mayor al de los que sí estarían dispuestos a vacunarse (40,2%). 

Además, el 2,2% señala que se vacunarán siempre y cuando el antígeno tenga garantías, haya sido probada y sea fiable.

Precisamente, el desarrollo de estas vacunas se realiza a través de ensayos clínicos con el fin de verificar que son eficaces y seguros. 

Este proceso consta de cuatro fases, de las que tres de ellas se realizan antes de que la vacuna salga al mercado. Durante la cuarta, se hacen labores de farmacovigilancia para detectar efectos adversos a largo plazo.

Es en la tercera fase cuando se valora la eficacia y seguridad bajo condiciones similares a las que se puede esperar cuando la vacuna esté en el mercado. Para ello, se prueba en una muestra más amplia y se compara con placebo u otras terapias reconocidas.

Cuando una vacuna llega hasta esta tercera fase del ensayo clínico quiere decir que no hay efectos tóxicos predecibles, ya que estos se descubren en las primeras fases. Este estudio, previo a la comercialización del tratamiento, constituye el soporte para su autorización. 

Además, como respuesta a la situación excepcional creada por la pandemia, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) está acelerando los procesos de autorización. Sin embargo, esto no significa cambios en los estándares de calidad, seguridad y eficacia.

Entre las herramientas puestas en marcha por la EMA está la revisión continua, que ya aplica a las vacunas de AstraZeneca, Pfizer y Moderna. Esto significa que la agencia analizará todos los datos que de los ensayos clínicos de estas vacuna vayan recopilando y entregando las compañías para, en caso de demostrar eficacia, aprobar su salida al mercado cuanto antes. 

Simón no lo ve necesario

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, espera que no sea necesario obligar a la población a vacunarse de la Covid-19. En una entrevista en TVE, ha recordado que España cuenta con una de las “mejores” coberturas vacunas de Europa e, incluso, del mundo.

“En España nunca ha hecho falta hacer obligatorias las vacunas y somos una población muy consciente y consecuente de los riesgos a los que nos exponemos y de los beneficios tanto individuales como poblacionales que nos puedan aportar las vacunas”. Además, ha advertido que esta medida “no mejorará las coberturas”.