La vacunación contra la Covid-19 en la Unión Europea avanza a un ritmo mucho más lento de lo previsto, por detrás de Reino Unido o Estados Unidos. No sólo por la escasez de antídotos (hasta ahora sólo se han autorizado dos, los de Pfizer-BioNTech y Moderna, cuyas entregas han sufrido ya retrasos), sino también por problemas logísticos y falta de planificación en los Estados miembros, entre los que hay "diferencias significativas".

El porcentaje de vacunados oscila entre el 2,94% de la población en Dinamarca y el 0,28% en Bulgaria. Mientras que Italia y España están por encima de la media, Francia o Países Bajos van a la cola. Al mismo tiempo, la pandemia sigue descontrolada y las nuevas variantes del virus amenazan con disparar todavía más los contagios. "La vacunación es esencial para salir de la crisis", repite la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Ante todos estos problemas, la Comisión Europea ha lanzado este martes un llamamiento a todos los Gobiernos para que aceleren las vacunaciones. Para ello, les pide que fijen objetivos concretos y verificables. El primero de ellos debe ser inyectar el antídoto al menos al 80% de los mayores de 80 años y también al 80% de los trabajadores sanitarios para marzo de 2021.

Certificado de vacunación

El segundo objetivo que plantea Bruselas es vacunar al menos al 70% de la población adulta de aquí al verano, es decir, entre el 1 de junio y el 31 de agosto. Es el porcentaje imprescindible para alcanzar la denominada inmunidad de grupo.

Cumplir estas dos metas permitiría reducir las tasas de mortalidad y hospitalización y aliviar la presión sobre los sistemas sanitarios, así como ayudar a la recuperación económica. "La aparición de nuevas variantes del virus y el incremento sustancial de casos no nos deja ningún margen para la complacencia", ha dicho el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas. 

Mientras que la Comisión señala a los Estados miembros como responsables de los retrasos, los Gobiernos culpan a la escasez de vacunas. Los primeros ministros de Lituana, Letonia y Estonia han escrito una carta conjunta a Von der Leyen en la que reclaman medidas para aumentar la capacidad de producción.

Bruselas se compromete a trabajar con las farmaceúticas en este sentido, con medidas como inversiones en las plantas de producción o facilitar acuerdos para que los fabricantes puedan externalizar parte de la producción. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) acelerará el proceso de certificación para nuevas plantas de fabricación.

Además, el 29 de enero se prevé la autorización en la UE del antídoto de AstraZeneca y en breve podría llegar la luz verde al de Johnson and Johnson. La Comisión sostiene que, con todas estas medidas, el suministro de vacunas alcanzará velocidad de crucero en las próximas semanas. 

El Ejecutivo comunitario quiere también un acuerdo en la UE sobre el certificado común de vacunación para finales de enero. Una iniciativa que cuenta con el apoyo de los países dependientes del turismo, como España, Portugal o Grecia, para reactivar la movilidad. Pero a la que se oponen Francia o Alemania por las dudas sobre su eficacia y los riesgos de discriminación. Los líderes europeos lo discutirán en la videocumbre de este jueves 21 de enero.

Identificar nuevas variantes

Bruselas recomienda además a los Gobiernos que actualicen sus estrategias en materia de test con el fin de detectar de inmediato las nuevas variantes del virus. En particular, los Estados miembros deben aumentar de forma urgente la secuenciación genética hasta alcanzar al menos el 5% de las pruebas positivas, y llegar de forma preferente al 10%. En la actualidad, los Gobiernos sólo analizan el 1% de los test, lo que no es suficiente para identificar la progresion de las variantes o detectar nuevas.

Mientras la pandemia siga descontrolada, Bruselas desaconseja todo tipo de viajes no esenciales. Para las personas que decidan viajar, deben aplicarse restricciones proporcionadas, en particular la exigencia de pruebas PCR. En ningún caso cerrar fronteras o suspender vuelos. Finalmente, los Gobiernos deben adoptar medidas adicionales para reducir el riesgo de contagio en los medios de transporte, como medidas higiénicas y de distancia en vehículos y estaciones.