Ya ha pasado un año desde que se declaró la pandemia mundial del coronavirus y del estado de alarma en España. Un periodo que ha revalorizado el valor de la industria farmacéutica y sanitaria en España y ha resaltado la necesidad de contar con estos sectores de cara a la recuperación económica.

Ambos fueron sectores esenciales y estratégicos durante la pandemia. Ante el cierre de fronteras que impidió la salida de materias primas para la fabricación de medicamentos, las más de 80 plantas de producción de la industria farmacéutica nacional fueron clave para salvar el atolladero.

La Administración Pública las consideró un sector esencial y estuvieron funcionando los siete días de la semana. Gracias a esta labor, no faltaron medicamentos clave en las UCI españolas para los pacientes que necesitaron ventilación mecánica por la Covid-19, como el cisatracurio. De hecho, durante 2020 paradójicamente se redujeron los desabastecimientos y faltas de medicamentos en las farmacias españolas. 

Con todo, el principal valor de la industria farmacéutica en estos últimos doce meses ha sido dar, en tiempo récord, la luz al final del túnel de la Covid. Aunque el medicamento se resiste (en la Unión Europea solo está aprobado el uso del remdesivir contra el coronavirus, y en casos muy concretos), la vacuna ya es una realidad.

Tras la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), el Viejo Continente (y España) cuenta con cuatro vacunas (las de Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca y Janssen) para inmunizar contra el coronavirus solo nueve meses tras iniciarse la pandemia. Y todo ello con aportación española, puesto que varias empresas nacionales colaboran o colaborarán en la producción de millones de dosis, como Rovi, Reig Jofre, Grupo Zendal e Insud Pharma. 

Un logro científico y social empañado únicamente por las dificultades de producción que se están dando en algunos casos, que pueden ralentizar el ritmo de vacunación en los estados miembros comunitarios, que se espera que pueda alcanzar su 'velocidad de crucero' en abril. 

La aportación de toda la industria sanitaria nacional también ha sido clave. Durante la pandemia, se redoblaron los esfuerzos productivos en materia de respiradores y todo tipo de elementos de protección individual (EPI), tales como mascarillas. 

De hecho, empresas como Medtronic liberaron patentes de respiradores para facilitar la producción de estos aparatos, fundamentales para el tratamiento de los pacientes respiratorios más graves en las UCI. 

Sin embargo, precisamente en este campo se reveló la extrema dependencia de España de la producción extranjera. Nuestro país se quedó sin este tipo de productos en lo peor de la pandemia y esto obligó a recurrir a suministradores desconocidos de dudosa reputación en un mercado internacional terriblemente tensionado. 

Esto también ocurrió con una herramienta diagnóstica que se ha vuelto clave en la actualidad: los test diagnóstico de Covid. Igual que en el caso de la vacuna, su evolución ha sido meteórica. 

La crisis ha demostrado que España y la Unión Europea deben recuperar su independencia en el campo farmacéutico y sanitario. En parte, en esta dirección va el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

En diversas reuniones con los sectores sanitarios -incluida alguna en la Moncloa-, el Gobierno, particularmente el exministro de Sanidad, Salvador Illa, les ha trasladado la idea de que se cuenta con estas empresas para la reconstrucción. 

Por ello, la industria sanitaria ya va poniendo ideas sobre la mesa para que esta iniciativa cobre forma a lo largo de este mismo 2021. Por un lado, Farmaindustria, la patronal de la industria farmacéutica innovadora, ha presentado un plan de colaboración público-privado para recuperar la producción de medicamentos esenciales y aumentar las capacidades industriales estratégicas.

Cuenta con una inversión inicial del sector privado de 500 millones de euros, que podría llegar a ser de entre 800 y 1.000 millones. La propuesta se ha presentado como uno de los proyectos estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) que hay habilitados. Y podría no ser el último. 

Por otro lado, Fenin, la patronal del producto y la tecnología sanitarios, ha planteado seis propuestas multisectoriales para transformar y digitalizar el Sistema Nacional de Salud (SNS). Entre ellas se encuentran renovar cuanto antes el obsoleto parque tecnológico de los hospitales españoles e impulsar la digitalización de la sanidad pública. 

Pero no todas las propuestas parten de las patronales. Desde el año pasado, la filial española de Dräger está abordando con las instituciones públicas la posibilidad de implantar una fábrica de mascarillas en España que potencie la producción doméstica. 

Por otro lado, más allá de los PERTE y los fondos extra o adicionales, el sector sanitario también demanda incentivos o determinadas actuaciones para que se incentiven sus inversiones.

Y no tienen que ver con los fondos europeos. Se trata de reclamaciones clásicas de estas empresas, tales como un incremento general de la inversión en la sanidad pública. Aunque este esfuerzo se ha hecho en 2021, se asume que se trata de una iniciativa coyuntural y no estructural. 

A esto se suma que la industria farmacéutica, por su lado, quiere que se formalicen incentivos a la innovación incremental, un instrumento que en España cuenta con escaso respaldo económico, y límites económicos a las bajadas de precio de medicamentos esenciales, que provocan que las compañías decidan dejar de comercializarlos.

En este sentido, además, fuentes del sector insisten en la necesidad de acelerar los tiempos de aprobación de los nuevos medicamentos. 

Mientras, las empresas del producto y la tecnología sanitaria demandan que los concursos públicos en este campo valoren y tengan en cuenta aspectos como el valor añadido, la calidad y la generación de empleo en sus valoraciones. Es decir, que el precio no tenga un peso tan elevado en las adjudicaciones.