Edificio de Muface.
Giro de 180 grados en Muface: ¿Por qué puede ‘morir’ el servicio sanitario de los funcionarios?
- Te contamos cuáles son las causas que han llevado a plantearse la continuidad o no del sistema sanitario de este colectivo.
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El actual concierto de Muface (periodo 2022-2024) tiene fecha de caducidad. En concreto, es el próximo 31 de diciembre. De momento, no hay acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras que hasta ahora vienen prestando el servicio: DKV, Asisa y SegurCaixa Adeslas.
Un desacuerdo que se centra, principalmente, en un punto: dotar de más financiación a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. El Gobierno propone elevar un 14,5% el presupuesto mientras que las aseguradoras han llegado a pedir incrementos del 40% tras perder unos 200 millones de euros al año.
Este martes habrá un nuevo encuentro entre representantes del Gobierno y de las aseguradoras para desbloquear el convenio para los próximos dos años (periodo 2025-2026). Y se prevé que antes de que finalice octubre el concierto se apruebe en Consejo de Ministros.
¿Cuál es el presupuesto de Muface?
Muface es el organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios adscritos y sus familiares. ¿De cuántas personas hablamos? Unos dos millones que pasarían al sistema sanitario general.
El actual concierto (2022-2024) tiene una financiación de 3.521 millones de euros. Cuando se firmó, supuso un incremento del 10% respecto al anterior. Por aquel entonces, fue el mayor aumento de los últimos quince años. Las aseguradoras quieren aumentarlo en unos 1.800 millones de euros más.
¿Por qué se ha llegado a esta situación?
Varias son las circunstancias que han llevado a está situación ‘al límite’. Aunque se pueden resumir en dos: baja financiación del sistema y aumento de todos los costes. Porque la situación actual es muy diferente a la que había cuando se firmó el actual acuerdo allá por 2021.
Cinco han sido las causas que han disparado los costes: inflación, envejecimiento de los beneficiarios (desde 2011 la edad media de los mutualistas ha aumentado en siete años), ampliación de prestaciones, los efectos de la Covid-19 y, por último, la inversión en materia sanitaria, maquinaría y tecnología.
Fruto de esta situación, y según denunció la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha habido recortes en los cuadros médicos, retirada de centros sanitarios completos o la reducción de la atención sanitaria en las zonas rurales.
A la baja financiación del sistema y el aumento de todos los costes hay que unir un tercer elemento: el incremento del número de titulares y beneficiarios a lo largo de los últimos cinco años.
La oficina de Muface en Santiago.
Así, en 2023, la mutualidad de los funcionarios de Muface alcanzó los dos millones de personas. De esta cantidad, el 70% eran titulares y, el 30% restante, beneficiarios. Una cifra hasta ahora nunca vista y que ha tenido un claro elemento impulsor: las últimas ofertas de empleo público.
Por tanto, y con estos antecedentes, el nuevo convenio debería articularse en base a tres pilares: los mayores costes derivado del envejecimiento de los beneficiarios; la ampliación de la cartera de servicios; y la introducción de la tecnología en los centros sanitarios.
