El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y un total de 75 familias madrileñas, en su mayoría de Torrejón de Ardoz, han demandado al fondo de inversión Blackstone por presuntamente vulnerar la ley en sus contratos de arrendamiento al considerar "abusivas" las condiciones impuestas, ha informado el colectivo en un comunicado.
La demanda colectiva, en la que se impugnan 75 contratos de alquiler, se ha presentado ante "la inactividad del Gobierno", al que piden que "deje de mirar hacia otro lado" para "intervenir y garantizar que se cumpla el derecho a la vivienda como exige la Constitución".
El colectivo ha explicado que "Blackstone ha iniciado en el mercado del alquiler una tendencia que venía produciéndose en otros sectores, como el de los préstamos hipotecarios, que es la contratación en masa mediante contratos tipo pre-redactados y donde el inquilino solo tiene dos opciones: adherirse a la propuesta en su integridad o rechazarla".
Según se expone, "esta forma de contratación da pie a numerosos abusos por parte de los especuladores inmobiliarios profesionalizados en el alquiler, que imponen sus condiciones cada vez más abusivas".
"Su objetivo es subir los alquileres todo lo posible para aumentar sus beneficios, inflar al alza los precios del mercado artificialmente y conseguir que se revaloricen sus activos. Así llevan operando los grandes fondos buitre desde que en 2013 aterrizaron en España", señala el sindicato.
Por ello, las familias demandantes están "sufriendo subidas del cien por cien" de sus alquileres por parte de Blackstone, algo que ha llevado al sindicato a querer llevar a este "fondo buitre" ante los tribunales.
Trabas en la renovación
Esgrime el sindicato que "Blackstone, en su afán especulativo, empleó diversas trabas para que los inquilinos renovasen sus alquileres en "condiciones de libre mercado", pero haciéndoles firmar contratos absolutamente abusivos".
Señalan que los casos que demandan hacen referencia "a promociones de vivienda levantadas sobre suelo público, donde la Comunidad de Madrid cedió un suelo que pertenecía a toda la ciudadanía, para que se comercializarán estos inmuebles a unas rentas limitadas.
"El objetivo era permitir el acceso a alquileres asequibles a familias jóvenes e incluso, su compra tras unos años de arrendamiento con descuento de lo abonado por las rentas", detalla el colectivo que se refiere a contratos que fueron firmados entre 2016 y 2018 aproximadamente.
En este punto, han criticado que los contratos estaban "plagados de cláusulas abusivas, como por ejemplo, que la totalidad de gastos de comunidad de propietarios e IBI deben ser sufragados por el inquilino, que también tiene obligación de contratar un seguro del hogar o que se ha obligado a los arrendatarios a renunciar al derecho de tanteo y retracto, un derecho histórico reconocido tanto en la LAU como en el Código Civil".
En la demanda son 75 los contratos impugnados, la mayoría de ellos de Torrejón de Ardoz, pero al sindicato le consta que "se trata de cientos o incluso miles las personas afectadas por Blackstone en Madrid y muchas de ellas han sido recientemente o serán próximamente desahuciadas".