Torra y Colau hunden más el mercado del alquiler en Cataluña con una ley con visos de inconstitucionalidad

El Parlamento de Cataluña aprobó ayer por la tarde la “Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament”, el proyecto de ley para regular y controlar el precio del alquiler, sin hacer caso a las voces que alertan de su inconstitucionalidad y de sus efectos contraproducentes hacia el mercado.

Los 71 votos a favor de JxCat, ERC, los comuns y la CUP fueron suficientes para sacar adelante la propuesta presentada en julio y que pretende intervenir el mercado del alquiler en los 60 municipios catalanes de más de 20.000 habitantes. Votaron en contra Cs, el PSC-Units, el PP y los cuatro diputados del PDeCAT integrados en JxCat.

Daba igual lo que dijeran los juristas, la oposición o los profesionales del sector. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha hecho realidad la medida impulsada históricamente por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y hace oídos sordos al mercado.

El proyecto aprobado en el Parlamento catalán, si finalmente llega a buen puerto, afectará únicamente a los nuevos contratos y entraría en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.

La manera que han ideado para regular el precio del alquiler pasa por prohibir que el arrendamiento supere las rentas medias que fije el índice de referencia de precios de la Generalitat en los mercados tensionados. Además, para su hipotético cumplimiento, ha incorporado un régimen sancionador.

El sector, en contra

Todos los expertos del sector consultados por este medio consideran que regular de alguna manera el mercado del alquiler al final generará el efecto contrario a lo buscado.

Es decir, en vez de bajar los precios aumentarán. ¿Por qué? En España cerca de un 80% de los pisos en alquiler pertenecen a propietarios particulares. Si el propietario considera que el precio que marca el índice oficial de la Generalitat no le resulta suficientemente atractivo, optará por dejar la vivienda vacía y no arrendarla o venderla. Esto, unido al riesgo de impagos y okupaciones, hace que muchos se replanteen qué hacer con su piso. En definitiva, la oferta se reduce y el precio aumenta.

El portal inmobiliario Idealista ha enviado un comunicado para expresar que “se trata de una pésima noticia para el sector inmobiliario catalán”. “Esto creará un escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica entre los propietarios, que probablemente esperen a la resolución judicial para sacar sus viviendas al mercado”, advierte.

En este sentido -recuerda Idealista-, “tal y como sucedió en Alemania, es previsible que la oferta disponible en el mercado catalán se reduzca significativamente, lo que empeorará las condiciones de acceso a aquellos que estén buscando una vivienda en alquiler”.

La directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en alquiler (Asval), Beatriz Toribio, lamenta que se impulsen este tipo de medidas cuando “la Administración no es capaz de ofrecer ayudas a los inquilinos que lo necesita, que al final es lo que necesitamos como medidas a corto plazo”.

“Nos parece una medida populista que llega en un contexto determinado en el que piensan más en los intereses políticos que en los de los ciudadanos”, afirma Beatriz Toribio. De hecho, advierte, “el ruido ya está hecho”.

Por un lado, apunta la directora general de Asval, “va a generar muchísima inseguridad y desconcierto a los propietarios particulares, que ya se enfrentan a una situación bastante complicada de impagos, okupación, etc.”. Por otro lado, considera que "al propietario profesional, el que más nos puede ayudar a desarrollar esa oferta que necesitamos y a profesionalizar este mercado, le estamos desincentivando para que invierta en Cataluña".

Medida inconstitucional

La proposición de ley nace con juristas, oposición política y todo el sector inmobiliario en contra. Ya en agosto el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), institución de la propia Generalitat que vela por la adecuación de las normas con rango de ley del Gobierno y el Parlamento en el Estatuto y la Constitución, dejó claro que este proyecto chocaba con ambos.

En concreto, el Consejo de Garantías Estatutarias dictaminó de manera unánime que 11 de los 15 artículos de la proposición, cuatro de las siete disposiciones adicionales, dos de las tres disposiciones transitorias y una disposición final de las cuatro que incluye, “no se adecuan ni en la Constitución ni en el Estatut”.

En el pleno del Parlament, incluso antes de que se aprobara la proposición de ley, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, anunció que su partido la recurrirá al Tribunal Constitucional (TC). “Llevaremos esto al TC en breve, que me temo que es lo que están deseando", afirmó en su intervención durante el debate en la Cámara catalana. Asimismo, se mostró confiado en que la norma acabe suspendida por el TC.

Asval también anunció el lunes que solicitará al Gobierno y a los principales partidos políticos que defiendan la Constitución e interpongan de inmediato un recurso de casación ante el Tribunal Constitucional.

A pesar de todo, el presidente de la Generalitat ha pedido al Gobierno central que no la recurra al Tribunal Constitucional (TC) en su cuenta oficial de Twitter. Igualmente, ha pedido al “Gobierno de PSOE-Podem-Comuns” que no la lleve al Constitucional, lo que provocaría la suspensión inmediata de la norma.

BdE y Madrid apuestan por lo contrario

El mercado del alquiler ha registrado un aumento de los precios en las grandes ciudades y zonas de costa debido al incremento de demanda y la escasez de oferta. El propio Banco de España constataba en el Documento Ocasional “El mercado de la vivienda en España entre 2014 y 2019” publicado en mayo que las dificultades para el acceso a la vivienda han aumentado para determinados colectivos, como los jóvenes, los hogares con rentas más bajas y los que residen en áreas metropolitanas.

El organismo público dirigido por Pablo Hernández de Cos apuntaba en el informe que las medidas que parecen “más efectivas” para luchar contra este problema “son aquellas que se centran en incrementar de manera estable la oferta de vivienda en arrendamiento a disposición de los colectivos más vulnerables”.

Cataluña ha optado por atajar el problema por el lado de la demanda. Madrid, por comparar con una región con similares circunstancias, ha preferido aumentar la oferta a través de la cesión de suelo público a través de concesiones a empresas privadas. De momento, sacará a concurso 1,2 millones de metros cuadrados.

El mismo día en el que el Parlamento catalán aprobaba esta proposición, el director de Vivienda de la Comunidad de Madrid, José María García, afirmó en una mesa redonda que “anunciar que se pueden topar los precios del alquiler es impresentable”.