La pelea del PSOE con Unidas Podemos desde el pasado 2 de diciembre ha tenido ya un fruto en forma de decreto contra los desahucios. El texto, al que ha tenido acceso este periódico, fue aprobado el jueves por la tarde en la reunión de la Comisión de subsecretarios previa al Consejo de Ministros, y prevé que los propietarios tengan que esperar tres meses para poder solicitar una compensación cuando no puedan desalojar a sus inquilinos morosos.

La polémica por las indemnizaciones económicas a los bancos en el caso de desahucios hipotecarios, y a los llamados "grandes tenedores de vivienda" en el caso de los impagos de rentas de alquiler había enredado a las dos alas del Ejecutivo. Según todas las fuentes consultadas en el Gobierno, el equipo económico de Nadia Calviño, apoyado en el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, detuvo el decreto entre el acuerdo del miércoles 2 de diciembre y la comisión de subsecretarios del día siguiente.

Según alegaron los dos departamentos, el articulado adolecía de falta de seguridad jurídica. Y, tal como explican las fuentes consultadas, el texto arriesgaba a que el Estado "incurriera en la expropiación forzosa de bienes o de derechos". Y eso precisaba de un estudio con calma, prudencia para "evitar la implantación de la cultura del impago", y articular compensaciones a los afectados.

"Mira que eres cabezón"

La idea "incomodó" a Podemos, que se negó a que "el dinero público vaya a los fondos buitre", en palabras de su portavoz, Isa Serra. Pero finalmente, y tras la bronca de los pasillos del Congreso entre Iglesias y María Jesús Montero -"mira que eres cabezón, Pablo"-, los morados claudicaron a que haya indemnización económica incluso a quienes no sean pequeños propietarios.

Eso sí, con muchas salvedades. De hecho, según Unidas Podemos, la redacción final del texto logra su objetivo de que no se compense a casi ningún gran propietario. 

María Jesús Montero y Pablo Iglesias discuten en los pasillos del Congreso. EP

La norma exige que el presunto perjudicado por la paralización del desalojo espere esos tres meses y, además, sea capaz de demostrar un "perjuicio económico" -así lo expresa el decreto- por la medida. Sólo en ese momento podrá solicitar la indemnización económica.

El caso de los 'okupas'

Según las fuentes consultadas en el Ministerio de Transportes, esto será "fácilmente demostrable" en el caso del impago de hipoteca o alquiler. "Bastará con el contrato y la ausencia de los pagos comprometidos".

Pero es en el caso de los inmuebles habitados sin contrato, es decir, las okupaciones, en el que será más difícil el trabajo legal. Así, cualquier persona inmersa en un procedimiento de desahucio podrá alegar su condición de vulnerable.

Con ello, se suspenderá el proceso y los servicios sociales autonómicos verificarán y dictaminarán ante un juez. Y éste podrá paralizar el desalojo a la espera de que los servicios sociales de la Comunidad Autónoma hallen "una solución habitacional digna".

Así, tal como explican las fuentes, en la evaluación del perjuicio para el dueño del inmueble se diferenciará entre pequeños y grandes propietarios. "En el primer caso, se procederá como hasta ahora", explican las fuentes del Ministerio de José Luis Ábalos, "se les desaloja de inmediato". En el segundo, la realidad es que el decreto antidesahucios permitirá a los okupas permanecer en propiedades de grandes propietarios si demuestran su vulnerabilidad.

Esto, en el fondo, es lo que buscaba Unidas Podemos. Al menos, así lo explican fuentes de su entorno, que consideran que casi todas las okupaciones son en propiedades inmobiliarias que los bancos tienen "vacías y muertas de risa" para especular. Según interpretan los morados, la banca y los llamados fondos buitre van a tener difícil demostrar el perjuicio económico que exige el decreto.

Bronca interna

Las negociaciones internas en un gobierno de coalición son algo a lo que nadie está acostumbrado en España. De hecho, éste es el primero del actual periodo democrático. Y aunque parezca mentira, no ha cumplido ni un año desde que comenzó su andadura a principios del pasado mes de enero. Pero la relación entre el PSOE y Unidas Podemos, siempre llena de altibajos y tensiones -sobre todo, entre ministros-, no deja de producir legislación. La última por ahora, el decreto antidesahucios... o no.

Porque, a pesar de que el documento fue estudiado y aprobado en la última cita del Comisión de subsecretarios -que todos los jueves decide qué sí y qué no pasa el filtro para ser aprobado en el siguiente Consejo de Ministros-, este viernes fuentes del Ministerio de Transportes lo pusieron en duda en declaraciones a este periódico. "Aún hay algunos desajustes", confirmó luego la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que la tarde anterior había dado por bueno el texto.

Y es que la tensión entre el equipo económico de Calviño y el social de Iglesias provoca anuncios y desmentidos constantes. El último del que fue parte implicada este periódico fue a cuenta, precisamente, de este decreto. Filtrado en diferentes versiones por distintas fuentes... hasta que desde el lado socialista y el morado se pusieron de acuerdo en las explicaciones. Al menos, por ahora.