Los profesionales dedicados al alquiler de viviendas y los propietarios no han tardado denunciar su situación después de que el Gobierno haya aprobado hoy la prórroga de los contratos de alquiler y la moratoria de las rentas de alquiler de vivienda hasta el final del estado de alarma.

La directora general de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), Beatriz Toribio, ha explicado que "medidas como la moratoria del 50% de la renta de los alquileres o la prolongación de los contratos no van a la raíz del problema, que es la falta de oferta de vivienda en alquiler (sobre todo social y asequible) en nuestro país".

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros que con la prórroga de esta medida, vigente desde marzo de 2020, pretenden “proteger a todas las personas que pueden tener más dificultades, a los colectivos de la sociedad que pueden ser más vulnerables”.

Problemas de impagos

Sin embargo, olvida que muchos propietarios se pueden encontrar en momentos de vulnerabilidad por impagos o su situación laboral asociada a la pandemia. La falta de oferta de vivienda en alquiler, ha afirmado Beatriz Toribio, "es una responsabilidad de la Administración que se está cargando sobre los hombros de los propietarios, sobre todo de aquellos con una o dos viviendas para quienes esta renta es crucial en estos momentos de crisis y que se están enfrentando a aumentos de impagos y okupación".

De la misma manera, el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, ha apuntado que, "esta nueva prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler no se puede hacer sin distinguir la situación de los arrendatarios".

"Precisamente, ha remarcado Zurdo, de esta medida para prorrogar todos los arrendamientos de vivienda, se han aprovechado todo tipo de inquilinos para aumentar sus estancias en detrimento de arrendadores, que, en algunos casos, estaban en la misma situación de vulnerabilidad que la de los inquilinos a los que protegían los Decretos Ley aludidos y necesitaban recuperar las viviendas, al vencimiento, para familiares o incluso para venderlas y hacer frente a otros gastos". 

Para José Ramón Zurdo, "ampliar por decreto la duración a todos los contratos, incluso el de los inquilinos que ya daban muestras de incumplimiento, significa, por ejemplo, que muchos arrendadores, más del 85 % son pequeños propietarios, que en muchos casos necesitaban cobrar sus rentas para subsistir, esta prórroga obligatoria por seis meses más, de inquilinos que ya no les pagaban las rentas, les van a hundir económicamente más".

Dudas legales

La Agencia Negociadora del Alquiler también ha levantado la voz en torno a las dudas jurídicas no resueltas por la nueva regulación, y que podrían estar vulnerando el Ordenamiento Jurídico, concretamente los artículos 9 y 10 de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos). 

En primer lugar, si los inquilinos que ya se hubieran beneficiado de la primera prórroga extraordinaria (la regulada en el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo), podrían acogerse a una segunda (la regulada en el Real Decreto Ley 30/2020 de 29 de septiembre), o incluso a una tercera, (la regulada por el Decreto aprobado hoy).

"Jurídicamente, ha explicado José Ramón Zurdo, si estamos hablando de una prórroga extraordinaria hasta un máximo de seis meses, parece que solo se podría utilizar este mecanismo, pero el Real Decreto aprobado hoy sigue sin aclararlo".

En segundo lugar, la regulación aprobada también genera la duda a la ANA de si esta prórroga o prorrogas extraordinarias de seis meses que se puedan producir hasta la finalización del estado de alarma anulan o consumen la prórroga tácita anual recogida en el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, o todavía ésta subsiste a la finalización de las prórrogas extraordinarias. "La respuesta, que no da el decreto, es importante conocerla porque afecta a la duración de los arrendamientos", ha insistido la compañía.

"Lo que necesitamos -ha concluido Beatriz Toribio- son medidas que vayan a la raíz del problema y protejan a los inquilinos, pero también a los propietarios, y doten a este mercado de seguridad jurídica porque va a ser la única manera de que no se retraiga la oferta y de que este mercado se pueda desarrollar".