En pleno boom inmobiliario todos conocíamos a alguien a quien le había tocado un piso de protección oficial. Multitudinarias entregas de llaves televisadas. Llegó la crisis y este tipo de promociones se redujo hasta mínimos. Ahora los gobiernos regionales y el Ejecutivo central han dado un nuevo impulso al parque público de vivienda en alquiler asequible, en la mayoría de los casos mediante la colaboración público-privada.
El punto de partida con respecto a los países de nuestro entorno europeo solo aporta mejoras. En la actualidad, España cuenta con un parque de vivienda de social compuesto por 452.040 unidades, lo que representa el 2,5% del total de viviendas principales.
Este porcentaje está seis puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea, que está situada en el 9,3%, según refleja el último Boletín Especial Vivienda Social elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).
En términos absolutos, el país que dispone de un mayor número de viviendas sociales es Francia (4.689.392), seguido de Reino Unido (4.627.402), Países Bajos (2.081.846) y Alemania (1.439.860). Sin embargo, las cifras en términos relativos nos indican que el país que dispone de un mayor parque de vivienda social en relación con su vivienda principal es Países Bajos (30%), seguido de Austria (24%), Dinamarca (20,9%), Suecia (19%) y Reino Unido (17,6%).
El informe Vivienda Asequible en España: Estudio de situación y desglose de planes actuales de vivienda elaborado por Gesvalt y Atlas Analytics, y presentado este miércoles estima que son necesarias más de un millón de viviendas en alquiler asequible en nuestro país.
José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
En concreto, 1.003.064 unidades para que sus inquilinos no superen una tasa de esfuerzo superior al 40% de sus ingresos para pagar la renta mensual. Al reducir ese porcentaje al 35%, el número aumenta hasta 1.504.504 viviendas.
La vivienda es uno de los pilares centrales en la estrategia del Gobierno central. Mientras los socios del Ejecutivo liman asperezas para redactar el anteproyecto de la Ley Estatal de Vivienda, el Mitma anuncia proyectos que se acercan al objetivo de alcanzar el idílico número de 100.000 pisos de parque público en alquiler.
Reparto
El Plan de viviendas para alquiler asequible impulsado por Mitma cuenta con dos ejes de trabajo. Por un lado, la creación de un parque público de vivienda social de en torno a 44.000 viviendas en total gracias a la acción directa del Ministerio. De estas, 4.769 viviendas financiadas con el Plan Estatal de Vivienda en colaboración con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos; alrededor de 7.623, conveniadas con entidades locales en las zonas más tensionadas respecto a los precios de los arrendamientos; en torno a 11.608 impulsadas por el Ministerio en colaboración con SEPES en suelos del Estado; y otras 20.000 con cargo a los 1.000 millones de euros de los fondos europeos.
El segundo eje del Plan de viviendas, mediante concertación con los agentes privados, consiste en la colaboración público-privada para la creación de un fondo social de unas 56.000 viviendas. Dividido en tres ejes: incremento del Fondo social de vivienda hasta 11.000 viviendas, 15.000 unidades procedentes de Sareb y hasta 30.000 mediante acuerdos con entidades gestoras de vivienda en alquiler.
Planes autonómicos
La vivienda es una competencia transferida a las comunidades autónomas. Además de las ayudas y, en su caso, promover o no las limitaciones en el precio que incluya la futura Ley Estatal, algunos gobiernos regionales también se han lanzado a aumentar el parque público de viviendas en alquiler asequible.
La Comunidad de Madrid anunció el ‘Plan Vive’ en junio de 2020 con la intención de construir unas 25.000 viviendas para alquiler asequible en la región mediante la concesión de 1,2 millones de metros cuadrados de suelo público. Los primeros cuatro lotes de parcelas subastados suman un máximo de 6.646 casas repartidas en 46 promociones. El Gobierno madrileño ha recibido ofertas por todos salvo por el cuarto.
Regiones con planes de vivienda asequible iniciados en abril de 2021.
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la institución que agrupa 36 municipios de Barcelona y sus alrededores, ha presentado el plan Habitatge Metròpolis. El objetivo de la administración es crear una empresa conjunta, repartiendo el 50% del capital entre la AMB y el Ayuntamiento de Barcelona y el otro 50% para una empresa privada del sector inmobiliario seleccionada mediante concurso público. Esta tendrá la tarea de construir al menos 4.500 casas asequibles antes de 2026.
Hasta ayer, dos grupos son finalistas en el proceso de ser seleccionadas como socio privado de la empresa: Neinor, Visoren y Culmia. Está previsto que anuncie el ganador antes de que finalice junio. Los cinco primeros desarrollos de este plan sumarán unos 550 pisos y se llevarán a cabo en los municipios de Barcelona, Montgat, Sant Adrià de Besòs y Sant Boi de Llobregat.
Hoy se ha conocido que Culmia ha decidido no concurrir a este proceso. El motivo, según fuentes de la compañía. “porque el modelo de gobernanza propuesto para la sociedad mixta no está alineado con nuestro actual plan de negocio". "Agradecemos al Ayuntamiento y al Área Metropolitana su disposición negociadora y les deseamos suerte en un proyecto necesario para Barcelona que contribuirá sin duda al desarrollo del parque de vivienda de alquiler", ha informado-
Mapa de los primeros lotes de suelo subastados dentro del Plan Vive de la Comunidad de Madrid.
El Plan Vive de Andalucía estará vigente durante el periodo 2020-2030. Su particularidad reside en que la construcción de viviendas tendrá que realizarse en terrenos ya dispuestos para tal fin en el plan urbanístico de cada municipio. Además, el plan define subvenciones tanto para los promotores como para los ciudadanos con el fin de facilitar el acceso a la vivienda de alquiler.
Solo en dos años, se han movilizado ayudas para la construcción de más de 1.700 viviendas de promotores públicos y privados en Andalucía en dos convocatorias, a la que se prevé sumar este año una tercera edición.
Dentro de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla ha desarrollado su propio plan de vivienda. Nació a finales de 2020 patrocinado por el consistorio de la ciudad en el marco de la legislación que se aplica a nivel autonómico en Andalucía. El objetivo es desarrollar al menos 1.000 nuevas viviendas asequibles en zonas concretas de la ciudad con problemas habitacionales urgentes.
El Gobierno de las Islas Canarias también ha expresado su interés en la promoción de vivienda asequible en alquiler, tal y como apunta el informe de Gesvalt y Atlas Analytics.
Canarias y Comunidad Valenciana
El plan 2020-2025 aprobado en diciembre de 2020 por el Ejecutivo insular quiere hacer atractiva para sector privado la promoción y gestión de viviendas de alquiler asequible mediante ayudas con cargo al Plan Estatal de Vivienda y a los presupuestos de la propia región.
La actividad privada irá complementada con un aumento de la promoción pública, con cerca de 6.000 viviendas nuevas (5.971) hasta 2025, tras una inversión de 664 millones de euros y un total de 88.195 actuaciones.
La Comunidad Valenciana también ha entrado en los programas de vivienda asequible con el lanzamiento de dos planes complementarios. El Plan Adha y Recuperem Llars se enmarcan dentro del objetivo de la Generalitat de duplicar su oferta de vivienda social para 2030, alcanzando las 32.000 unidades.
El Plan Adha propone subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades para la compra de viviendas destinadas al alquiler social. Estos inmuebles se clasificarán como viviendas protegidas con carácter permanente. La iniciativa Recuperem Llars consiste en un conjunto de ayudas para la adquisición y rehabilitación de viviendas individuales o edificios completos para destinarlos a vivienda social.
Por último, la Junta de Galicia presentó a principios de 2021 su propia batería de medidas de vivienda asequible en el marco de su Plan de Vivienda para 2021-2025. Mediante esta iniciativa el Gobierno gallego destinará 443 millones de euros en los próximos cinco años, que movilizarán una inversión de en torno a 1.080 millones de euros para sostener alrededor de 30.000 empleos.