El plan de Podemos contra los grandes propietarios deja en el aire un millón de viviendas en alquiler asequible

Tras más de siete meses de desencuentro, PSOE y Unidas Podemos parecen haber llegado a una especie de ‘entente cordiale’ respecto a la Ley de Vivienda, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia. En concreto, al punto referido a limitar el precio de los alquileres. Unidas Podemos ha ofrecido al PSOE que la norma incluya diferencias entre grandes y pequeños tenedores. En concreto, que el dueño de menos de diez pisos no tenga que bajar los precios.

De atracar la nave en buen puerto, es decir, la propuesta, sin duda sería una buena noticia para los 2,3 millones de personas que reconocen recibir rendimientos de alquileres en el Impuesto de la Renta. La práctica mayoría, el 95%, tiene entre una y dos viviendas en alquiler.

“Si se confirma esta noticia, obviamente sería muy positivo que no se intervengan las rentas de los alquileres de los propietarios particulares. Recordemos que constituyen el 90% de los alquileres que hay en España [alrededor de 2,5 millones]”, manifiesta José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).

Todo lo contrario que para los grandes tenedores, que son minoría. Porque los 40 mayores caseros representan un 4,2% del total del mercado. Entidades financieras y propietarios institucionales suman 109.868 viviendas, según un informe de Atlas Real Estate Analytics.

“Para ellos supondrá un varapalo importante, que atentará de forma directa contra el libre mercado, la libre competencia y, por último, contra la rentabilidad de estos inversores. Terminarán por dejar de invertir y se irán a otros mercados”, añade Zurdo.

Mayor parque de vivienda

El principal de estos grandes tenedores es Blackstone, que suma alrededor de 40.000 unidades si sumamos Albirana Properties (9.976 viviendas de alquiler), Fidere (6.500), Torbel (2.760), Euripo (1.569) o Anticipa (1.300), entre otros. Son datos de Atlas Real Estate Analytics, que también pone de manifiesto la relevancia de CaixaBank (25.000 unidades) y Sareb (9.583).

“La situación actual desvela una falta de vivienda de alquiler, social y residencial de mercado libre, económica y asequible. No hay un único actor que pueda asumir hacer un mayor parque de vivienda. La situación de las arcas del Estado obliga, sí o sí, a pasar por la colaboración público-privada”, afirma Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.

Dicho de otra manera, España necesita en la actualidad más de un millón de viviendas destinadas al alquiler asequible. Así lo han estimado desde Atlas RE Analytics y Gesvalt. “El inversor privado [que tiene capacidad inversora] quiere una rentabilidad. Si las Administraciones públicas, por los motivos que sean, no son capaces de ofrecer condiciones interesantes a estos proyectos, pues acabarán quedando vacíos”, añade Ferran Font.

De producirse el castigo a los grandes tenedores, las empresas no se presentarán a los concursos que acaben lanzando las Administraciones públicas. “Obviamente, una administración pública que no ofrece unas condiciones interesantes está haciendo un flaco favor al parque de viviendas”, indica el director de Estudios de pisos.com.

Precios más competitivos

Cierto que los grandes tenedores de vivienda en alquiler en España suponen solo el 4,2% del stock total. Sin embargo, en los núcleos urbanos, por ejemplo, la mayoría de altas de inmuebles residenciales se hicieron por parte de personas jurídicas.

“Los grandes tenedores de vivienda sí tienen una presencia importante en las principales ciudades”, se puede leer en el estudio de Atlas RE Analytics. Y añade: “Las marcas de build to rent tienen muchas oportunidades de expulsar a los caseros atomizados del mercado con mejores inmuebles y precios más competitivos, generando inmensas oportunidades de crecimiento”.

Según José Ramón Zurdo, “las grandes empresas son las que pueden generar en estos momentos, por el volumen de negocio que mueven, más oferta de alquiler en menos tiempo”. Algo que, vista la situación del mercado, se hace más que necesario. “Atacarlas de forma tan directa también afectará negativamente al mercado de arrendamientos urbanos, perjudicando a los precios al disminuir la oferta proveniente de estos actores”, concreta.

Si se confirma el paso, respirarán los propietarios particulares. Votos ganados para la causa. “Deberían preocuparse por aumentar la oferta publica de viviendas en alquiler, y favorecer el aumento de la privada”, continúa Zurdo.

Pero el experto apunta que no debe hacerse a través de expropiaciones, sino a través “de políticas que generen una mayor confianza en los inversores para que construyan más viviendas. De esa manera aumentaría la oferta y se garantizaría que más familias pudieran acceder al alquiler. Precisamente lo contrario de sancionar o atacar a los propietarios”, concluye.