David Lucas, secretario de Estado de Vivienda, ha señalado en el 8º encuentro Real Estate del Iese que el Gobierno quiere promover hasta 100.000 viviendas en alquiler asequible. De esa cantidad, la mitad serán del parque público, y el 50% restante, de Sareb, los bancos y los fondos. Es decir, de la colaboración público-privada.

En concreto, respecto a los fondos, está en negociaciones con ellos para que destinen 30.000 viviendas “a un precio social”. En la actualidad, sólo 290.000 hogares disfrutan de este tipo de alquileres en España.

Un anuncio hecho el mismo día en el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ratificado por una amplia mayoría de 15 votos sus serias objeciones a la Ley de Vivienda que el Gobierno quiere aprobar. 

Se trata del último trámite necesario antes de que el Consejo de Ministros acuerde la remisión del proyecto al Parlamento. Conviene recordar que esa remisión se ha visto retrasada después de que el CGPJ tumbara el pasado día 14 un inicial informe favorable, en términos generales, al contenido de la iniciativa.

Los mismos 15 miembros del CGPJ que rechazaron la propuesta de Álvaro Cuesta, vocal a propuesta del PSOE, han respaldado el nuevo texto, preparado por los vocales Enrique Lucas y José Antonio Ballesteros y que ha contado con aportaciones de Vicente Guilarte, catedrático de Derecho Civil.

Entre los planes del Gobierno está facilitar el acceso a la vivienda y promover los alquileres asequibles. Un ejemplo de esta política es el bono joven al alquiler aprobado recientemente en Consejo de Ministros. Y su deseo sacar la ley de vivienda que, entre otros puntos, regula los precios del alquiler en zonas tensionadas. 

Este interés por contar con los fondos de inversión se debe a que ellos cuentan con los medios para sacar más rápidamente al mercado pisos de estas características. En concreto, cuenta con las 30.000 viviendas de los fondos ya reseñadas, las 15.000 viviendas de Sareb a las comunidades autónomas, y las 11.000 viviendas del fondo social bancario.