Los promotores catalanes advierten a sus colegas del resto de España sobre la Ley de Vivienda: "Es un fracaso"

La ley 11/2020 catalana que reguló el precio de los alquileres durante año y medio, hasta que fue tumbada por el Tribunal Constitucional, ha inspirado parte de la nueva Ley de Vivienda que ayer jueves fue publicada en el BOE y entra hoy en vigor. 

En solo año y medio de aplicación de aquella ley, asegura Josep Donés, secretario general de APCE, la asociación de los promotores catalanes, se generaron efectos indeseados.

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"Por si alguien quiere saber lo que pasó en Cataluña", dijo como introducción Donés el jueves en una conferencia celebrada en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (Sima). "Se produjo una pérdida del parque de viviendas en alquiler del 15%; los precios de las casas en alquiler que estaban por debajo del índice de referencia subieron hasta el mismo; y estimamos que las empresas dejaron de hacer 3.500 viviendas que estaban destinadas al alquiler y las vendieron directamente", contó. "Fue absolutamente negativo, se consiguió todo lo contrario de lo que perseguía", afirmó.

Las inmobiliarias, aseguró Donés, "se pasaron a apartamentos turísticos". En otras ciudades en las que también se han regulado los precios como en Barcelona, dijo, tampoco se ha conseguido nada. "En Berlín, Londres, París, Nueva York... hicimos una jornada en Barcelona con representantes de todas estas ciudades, y la conclusión fue que, después de años trabajando en buscar soluciones, no se habían encontrado", lamentó.

En Cataluña, recordó Donés, el índice de referencia de precios estaba creado desde 2015, un índice de transparencia que informa al inquilino de un precio mínimo y otro máximo del piso que va a alquilar, por eso la aplicación de la ley que reguló los precios en Cataluña entre 2020 y 2022 fue inmediata.

"En el Govern saben que es un fracaso, que no funciona", indicó Donés. "Si nos contienen las rentas, ¿cómo vamos a construir un nuevo edificio para vivienda en alquiler? Si lo hago en un barrio con viviendas viejas, los precios serán menores, y tendré que adaptar el precio de una vivienda nueva al del resto del barrio, no tiene sentido", subrayó. 

"Llevamos ocho años ofreciendo un pacto para hacer vivienda libre, social, protegida, pero no se ha firmado... Tenemos serias dudas de que realmente quieran que se hagan nuevas viviendas; se han anunciado las de la Sareb, las de los complejos militares, pero todo eso ya existe y son medidas que ni mucho menos tendrá efectos inmediatos. El futuro es muy oscuro", dijo.

La ley entra hoy en vigor... ¿o no?

Los participantes en la conferencia organizada ayer por la tarde en el Sima pusieron en duda que la nueva Ley de Vivienda que hoy entra en vigor tenga efecto a corto plazo.

Los expertos señalaron que la aplicación de la regulación de los precios no se hará hasta 2025; aludieron a la oposición de algunas Comunidades Autónomas a la nueva ley; y terminaron recordando que un cambio de Gobierno tras las elecciones generales de fin de año podría suponer la derogación de la norma.

"Son medidas que no van a prosperar", comentó Carolina Roca, presidenta de Asprima, la asociación de los promotores en Madrid. Roca se refirió a las medidas jurídicas que tomarán algunas Comunidades Autónomas contra la nueva ley, como la de Madrid, que prepara ya recurso al Constitucional.

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"No se sabe cómo será el índice de referencia, y hasta 2025 no entrará en vigor", dijo Ignacio Peinado, presidente de ACP Málaga. "Nosotros estamos recibiendo muchas consultas y a todos les decimos que tranquilos, que la limitación de los precios no entra hoy en vigor", comentó Josep Donés.

La presidenta de los promotores madrileños fue especialmente crítica con la inclusión en la Ley de Vivienda de la disposición final cuarta, que modifica el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

La disposición incrementa el porcentaje de reserva de suelo destinado a vivienda protegida del 30 al 40 por ciento de la edificabilidad residencia prevista en suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización; y del 10 al 20 por ciento en el caso de suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma.

"Esa disposición sí que entra mañana [hoy] en vigor, es una modificación que se ha hecho con nocturnidad y alevosía", denunció. "Las asociaciones hemos negociado la Ley con el Gobierno y nunca se habló de esto, en ningún momento, no se ha tenido en cuenta al sector ni se ha analizado su impacto, sin un periodo transitorio... Es una barbaridad", advirtió.