Isabel Rodríguez anuncia que modificará la Ley de Suelo en marzo para dar "seguridad jurídica" al urbanismo
Así lo ha trasladado la titular de Vivienda durante un almuerzo informativo en el Club Siglo XXI.
22 febrero, 2024 16:11La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado este jueves que a lo largo del mes de marzo se llevará a Consejos de Ministros para su aprobación el anteproyecto de ley para modificar el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Así lo ha trasladado la titular de Vivienda durante un almuerzo informativo en el Club Siglo XXI, en el que ha afirmado que esta modificiación dotará de "estabilidad", "certeza" y "seguridad jurídica" el desarrollo urbanístico en España.
La titular de Vivienda ya anunció en su comparecencia en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados el pasado enero que se iban a abordar las dificultades que tiene el desarrollo urbanístico en España por los distintos instrumentos de planeamiento, debido a las distintas anulaciones de los instrumentos de planificación territorial y urbanística, informa Europa Press.
La titular de Vivienda detalló que esto se haría a través de un anteproyecto de ley por el que se modificará el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Un texto cuya tramitación decayó en la anterior legislatura -el anteproyecto ya fue en primera vuelta al en Consejo de Ministros en diciembre de 2022- y que ahora se volverá a activar para aprobarlo en marzo.
Por su parte, fuentes ministeriales han precisado que esta modificación se llevará al Consejo de Ministros, previsiblemente, para la "primera o segunda" semana de marzo.
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Durante el acto, la ministra de Vivienda también ha reiterado que el índice de precios de alquiler para la declaración de zonas tensionadas verá la luz "sí o sí" antes de que acabe el mes, con el objetivo de que comience a estar operativo en marzo.
El Índice de Precios de Referencia de Alquiler para la declaración de zonas tensionadas permitirá orientar las actuaciones públicas en materia de vivienda en aquellos ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado.